No había electricidad y tampoco señal de celular. Corría marzo de 2019, ya era de noche en Caracas, estaban incomunicados y Venezuela sumaba varias horas desconectada. Allyson Peppe tuvo que conseguir dos plantas de generación de energía recargadas con combustible, subir a la cubierta de un segundo piso con dos personas de su equipo y en medio de la penumbra intentar conexión para subir un video a redes sociales contando lo que estaba ocurriendo en su país.
No bastó con eso. El clip, de unos tres minutos, tuvo que ser comprimido para bajarle la resolución y hacerlo menos pesado. Con las plantas generadoras junto a ella, parada en el punto más alto que encontró y su staff estuvo dos horas esperando que cargara el video, que con una conexión eficiente habría subido a internet en cinco minutos. “Los bloqueos son constantes. Ellos (el Gobierno) tienen el control”, atribuye.
Peppe trabaja en comunicación política. No tiene un plan de datos, sino dos líneas, una de Telefónica y otra de Digitel, que recarga cada que lo necesita: una giga vale 35 mil bolívares y para una persona que necesita estar conectada dura menos de un día. Pero el salario mínimo en el país a enero de este año es de 450 mil bolívares por mes, unos a 6 dólares al hacer el cambio de moneda. Entonces, tener internet ocho días significa gastar la mitad de un sueldo.
Confía en que, dependiendo de la zona para la que vaya, tendrá “suerte” y alguna tendrá señal. Si se queda desconectada, sabe que no es cuestión del proveedor, sino de un sistema colapsado con apagones desde 2013 y donde el espectro energético fue monopolizado por el Estado.
Venezuela es uno de los 33 países que la organización no gubernamental Freedom House clasifica como territorios sin libertad en internet y el único de América, junto a Cuba, que recibe ese calificativo. Los demás están en otros continentes: Arabia Saudí, China, Myanmar, Rusia y Turquía, entre otros, gobernados por regímenes autoritarios, totalitarios o represivos.
Formas de control en la red
Datos de la Freedom House publicados en noviembre de 2019 indican que, de los 3,8 mil millones de personas que tienen acceso a internet en el mundo, el 59 % vive en países donde las autoridades auspician comentarios progobierno para “manipular” discusiones en redes; el 56 %, donde el contenido político, religioso o social ha sido bloqueado; el 46 %, en los que las autoridades desconectan el servicio de internet por razones políticas, y, ese mismo porcentaje, donde el acceso a las redes es temporal o restringido, en ocasiones porque la pobreza ha golpeado la infrestructura.
“Las plataformas digitales son el nuevo campo de batalla para las democracias”, escribe Freedom House en su reporte sobre libertad en internet del 2019. En países como Venezuela, catalogados como territorios sin libertad en la red, la interferencia en los procesos electorales, la vigilancia y la manipulación de las redes sociales son frecuentes. Esas tres prácticas constituyen las formas de control en la red que constata Freedom House.
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“Ya tengo internet”. Ese es el mensaje que envía Roxana Araujo desde Maracaibo para concretar la entrevista. Su estado, Zulia, es uno de los más golpeados por la crisis eléctrica. “Puedo hacer una llamada diaria o una cada tres días... Depende de cómo esté la situación”, dice. El panorama que hace la ONG es similar la de China o Rusia: hay obstáculos en el acceso al internet (conexión), limitaciones en el contenido (páginas bloqueadas) y, también, violaciones a los derechos de los usuarios.
Conforme aumentó la crisis política en 2019, “los proveedores estatales de servicios bloquearon cada vez más el acceso a plataformas de comunicaciones y fuentes de información independientes. Estos bloqueos coincidían con los discursos transmitidos en vivo por el líder de la oposición”, asegura la ONG. La decadencia de la infraestructura para acceder a internet ahondó el problema y, con esto, la pérdida de los derechos en la red.
Rusia y la inherencia
Runet. Ese es el nombre de la internet soberana que creó Rusia para depender de sí mismo en la red, aislándose de grandes servidores controlados por Estados Unidos. Los proveedores deben instalar equipos que direccionen el tráfico a través de servidores rusos, dando a agencias estatales la posibilidad de supervisar la información. “Últimamente, todas las leyes relacionadas con la regulación son punitivas”, dijo a Efe Mijaíl Klimariov, director de la Sociedad de Protección de Internet.
Rusia, para Freedom House, tiene políticas que obstaculizan el acceso a la red, limitan contenidos y violan derechos de los usuarios. Durante las protestas en la región de Ingushetia, en octubre de 2018, hubo cierres a la red de esa zona y en 2019 las conexiones de móviles y Wi-Fi se desactivaron temporalmente en Moscú, la capital, según el reporte de la ONG que relaciona esos hechos con las protestas.
También aseguran que la administración de Vladimir Putin amenazó con bloquear los servicios de las redes privadas virtuales (VPN). Una periodista de ese país que pidió guardar su identidad contó a EL COLOMBIANO que las VPN son la única ruta con la que pueden acceder a ciertos sitios web y sus prácticas no son únicas. Su vecino, China, ha sido considerado durante cuatro años consecutivos como el país que más abusa de la libertad en internet.
Sin ir muy lejos, el periódico The New York Times reveló este fin de semana un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que constata el uso de redes sociales desde Rusia para incitar a la movilización social en países de Latinoamérica a finales del año pasado. En Chile, que vivió un estallido de protestas que tuvo origen en una reforma pensional que se extendió al alza en el precio del transporte público y los costos de la educación, asegura el informe, el 10 % de los trinos que apoyaban las protestas surgieron en cuentas rusas.
De estas, dice The New York Times, comenzaron a publicarse hasta mil entradas al día sobre Bolivia una vez renunció el expresidente Evo Morales el 10 de noviembre. “Los disturbios no pueden atribuirse a un solo factor, y no está claro qué tan efectiva fue la influencia vinculada a Rusia en Twitter”, aclara el reporte. En este también se menciona que durante 30 días las cuentas vinculadas a Rusia publicaron mensajes “sorprendentemente similares” a los usados en Bolivia o Chile respecto a Colombia.
Vigilancia y elecciones
“La censura y la vigilancia fueron llevadas a extremos sin precedentes a medida que el gobierno mejoró sus controles de información”, asegura Freedom House, a través de prácticas como supresión de contenido, cierre de sitios web y eliminaciones de cuentas. Así, “el espacio para la movilización en línea se redujo”. El Partido Comunista de China, en el poder desde hace 70 años, contrata personas para inspeccionar Internet. La compañía de ese país Semptian cuenta con un sistema de vigilancia llamado Aegis que monitorea a 200 millones de individuos de los 1.3000 millones de ciudadanos del país.
Y si de controles a la navegación se trata, Turquía también frena libertad en la red. En abril de 2017, el gobierno de Recep Tayyip Erdoğan bloqueó Wikipedia después de que la plataforma se negó a borrar artículos que sugerían el apoyo de su administración a la milicia yihadista del Estado Islámico en Siria. Solo hasta el pasado 26 de diciembre el Tribunal Constitucional emitió un fallo indicando que esa veda es contraria a la libertad de expresión.
En Brasil la discusión llegó a otro tono. Un falso kit gay para niños de seis años, la ficticia defensa del incesto y la errática legalización de la pedofilia circularon en cadenas de whatsapp, con noticias falsas que marcaron la campaña a las presidenciales de octubre de 2018, en las que resultó ganador Jair Bolsonaro.
Los mensajes, sin emisor claro, pero con la ciudadanía brasileña como destinataria, atacaban al candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, heredero del exmandatario Lula da Silva.
Era 6 de septiembre de 2018. Bolsonaro entre la multitud, una expresión de dolor en su rostro que se hizo meme y un atacante que aseguró recibir una orden divina para herirlo. Un mes antes de esas elecciones, el ahora presidente recibió una puñalada en un acto público en Minas Gerais y desde entonces su campaña se volcó a la redes: trinos y fotos desde la clínica remplazaron los mitines públicos. Al derrotar a Haddad su discurso de triunfo se emitió por Facebook Live.
Brasil recibe el calificativo de “parcialmente libre” y esas elecciones fueron un punto de inflexión para la libertad en internet. Hay tres formas de interferencia electoral digital: medidas informativas, cuando las discusiones se manipulan en favor del gobierno o de partidos; medidas técnicas, para restringir acceso a fuentes de noticias, herramientas de comunicación o a todo Internet; y, las medidas legales, aplicadas para castigar a opositores y enfriar la expresión política.
Aunque esos son los casos más evidentes, las reseñas de Freedom House indican que otros países también pasan por bloqueos en la red (ver Radiografía), el espacio de debate al que llegan los silencios
