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Fue justamente la fecha de su cumpleaños, ayer 17 de diciembre, el día que el Papa Francisco eligió para promulgar dos leyes que cambian el manejo de la información de la Iglesia respecto a las denuncias sobre los presuntos abusos sexuales a menores de edad por parte de sacerdotes y el encubrimiento de estos en el que estarían implicados integrantes del clero.
Hasta ayer las investigaciones de gravedad que se realizaban en la institución estaban protegidas por una figura llamada secreto pontificio, que obligaba a los integrantes de la Iglesia a guardar reserva sobre denuncias, bajo el argumento de que se trataba de temas internos competencia del derecho canónico. Un silencio que el Sumo Pontífice abolió con su firma.
No solo se suprimió esa reserva, que data de la actualización del secreto del Santo Oficio que se hizo en 1974 durante el papado de Pablo VI, sino que se cambió la definición del delito de pornografía infantil. Ahora la posesión o difusión de imágenes pornográficas que involucren a niños o jóvenes menores de 18 años será considerada como una pena grave. Antes, solo se consideraba como punible una conducta que involucrara a menores de 14 años.
Australia, Alemania, Chile, Estados Unidos, Francia, entre otros más, son unos de esos países en donde en los últimos años se conocieron acusaciones de las víctimas contra sacerdotes, señalándolos de cometer abusos sexuales. Algunos de esos procesos ya están en curso en la justicia ordinaria.
La respuesta de la Iglesia se da después de los escándalos en este tema que afectaron la institución. Además, en febrero de este año Francisco realizó una cumbre de abusos en el Vaticano con 190 líderes de todo el mundo, en la que trazaron compromisos sobre este capítulo complejo por el que pasa la Santa Sede.
Nada más esta semana Francisco aceptó la dimisión del exnuncio en Francia, Luigi Ventura, quien había sido designando por su predecesor Benedicto XVI y llevaba una década en el cargo. Ventura tiene tres denuncias en su contra de hombres que aseguran haber sido tocados por este de forma indebida.
O en Argentina el obispo Gustavo Zanchetta, quien fue obispo de Orán y trabajó junto a Francisco en el Vaticano, está cercano a enfrentar un juicio oral en su país señalado del presunto abuso sexual a dos seminaristas .
Esto suma casos de pornografía infantil, denuncia y encubrimiento a los abusadores por parte de los obispos o superiores de los institutos religiosos.
Uno de los mayores expertos en pederastia del Vaticano es Charles Scicluna, quien ejerce como secretario general adjunto para la Congregación de la Fe, describió la nueva legislación como “una norma histórica que elimina obstáculos e impedimentos”.
El secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Élkin Álvarez, le explicó a EL COLOMBIANO que las medidas implican que las eventuales víctimas podrán conocer el proceso que se está desarrollando desde el derecho canónico y la sentencia a la que ha llegado.
“Primero esos documentos estaban bajo el secreto pontificio y ahora no. También hay una posibilidad más amplia de cooperación con las autoridades del Estado que investigan estos casos. Se puede entregar copia de la documentación para avanzar en los procesos”, explica Álvarez. No obstante, esto no significa que la información sea pública para ciudadanos que son ajenos a cada caso.
La Conferencia Episcopal afirmó que en Colombia ya se implementaron directrices relacionadas con el tema para crear instancias que reciban posibles denuncias. De las 77 jurisdicciones eclesiásticas que hay en el país –entre arquidiócesis, diócesis y vicariatos apostólicos– solo unas cuantas faltarían por tener este tipo de procesos.
Al preguntarle al analista papal, José Manuel Vidal, sobre el por qué esta nueva legislación solo llega a los archivos de la Iglesia en 2019, el experto responde que “no ocurrió antes porque hubo una etapa de encubrimiento”. Así, Francisco cierra un capítulo en que la Iglesia parecía inmune a los cada vez más audibles reclamos de las víctimas.