El país vecino advirtió desde el pasado martes que si la Organización de Estados Americanos, OEA, convocaba a una reunión de cancilleres para tratar la situación desatada por las protestas en Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro se retiraría de ese organismo.
Pues bien, la OEA aprobó la convocatoria de una reunión de cancilleres para abordar la crisis política de ese país y pocas horas después, el gobierno de Maduro anunció su retiro de la organización.
“El día de mañana (hoy jueves), tal como ha instruido el presidente Nicolás Maduro, presentaremos la carta de denuncia a la Organización de Estados Americanos e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses”, dijo la canciller venezolana, Delcy Rodríguez.
¿Qué implicaciones trae?
Luis Fernando Vargas Alzate, profesor del área de Relaciones Internacionales de la Universidad Eafit, explica que a pesar del anunció de Venezuela de iniciar su retiro de la OEA, este no será un proceso ágil y mientras eso ocurre, el ente internacional seguirá teniendo total control de sus funciones con el vecino país.
“Tendrán que pasar no menos de dos años para que esto ocurra y en ese lapso, la OEA seguirá teniendo total injerencia sobre el Gobierno y el Estado de Nicolás Maduro, por tanto, la carta democrática sigue vigente con todo su tramado jurídico”, explica el docente.
Vargas Alzate agrega que en caso de resultar efectiva la salida de Venezuela de la OEA, uno de los efectos que tendría esa acción es que en ese país dejaría servir el derecho internacional.
“La organización está fundamentada sobre la base del derecho internacional, sin embargo, un Estado puede tomar posición como lo está haciendo Venezuela y de manera infortunada es muy poco lo que puede hacer la OEA para poner control sobre esas acciones”, dice el profesor de Eafit.
También tendría que pagar
A parte de esperar dos años para asegurar su salida de la OEA, Venezuela tendrá que pagar el dinero que adeuda a la organización, que asciende a 8,7 millones de dólares, antes de quedar desligada del ente.
Según explicó su secretario de Asuntos Jurídicos, Jean Michel Arrighi, entre las obligaciones que deberá tener ese país “está pagar la deuda pendiente de su cuota como miembro de la OEA, que hasta diciembre de 2016 ascendió a 8.764.449 millones, mientras que este año aún no ha pagado 1.829.700 millones que le corresponden en función de criterios socioeconómicos”.
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