El rey emérito de España, Juan Carlos I, comunicó este lunes a su hijo el rey Felipe VI su “meditada decisión” de trasladarse a vivir fuera del país ante la repercusión pública de “ciertos acontecimientos pasados” de su vida privada, informó la Casa Real española en un comunicado.
El comunicado explica que el rey emérito envió este lunes a su hijo una carta en la que le traslada esa decisión, que asegura que adopta “con profundo sentimiento, pero con gran serenidad”.
“He sido rey de España durante casi cuarenta años y durante todos ellos siempre he querido lo mejor para España y para la Corona”, asegura Juan Carlos de Borbón.
Añade asimismo que pretende facilitar el ejercicio de las funciones de Felipe VI “desde la tranquilidad y el sosiego que requiere -subraya- tu alta responsabilidad”. “Mi legado y mi propia dignidad como persona así me lo exigen”, añade en la carta.
El comunicado señala que Felipe VI ha transmitido a su padre “su sentido respeto y agradecimiento ante su decisión”.
“El rey -reza el texto- desea remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia; y al mismo tiempo quiere reafirmar los principios y valores sobre los que ésta se asienta, en el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico”.
El deterioro de una imagen de talla internacional
El anuncio de que el rey emérito Juan Carlos I se irá a vivir fuera de España culmina un período de deterioro de su imagen tras meses de una cascada de informaciones negativas sobre posibles negocios oscuros por su parte, que amenazaban con deteriorar la percepción de la monarquía en este país.
Juan Carlos I, rey de España entre 1975 y 2014, disfrutó de una imagen impecable durante muchos años como una parte muy importante de la transición y consolidación democráticas de España tras la dictadura de Francisco Franco y como hombre cercano.
Homenajeado en numerosos países como figura política clave y “símbolo” para la democratización en países de América Latina, según dijo a Efe en 2018 el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti, ese aura sufrió un imparable deterioro en los últimos años, agravada en los últimos meses.
Y es que el constante goteo de noticias de los últimos meses acabó socavando el prestigio del exmonarca de 82 años mientras en España se debate sobre el futuro de la inviolabilidad jurídica del rey, consagrada en la Constitución.
La imagen de Juan Carlos I inició el declive con la fractura de cadera sufrida durante una cacería de elefantes en Botsuana en 2012, cuando España sufría una gravísima crisis económica de fuertes repercusiones sociales.
Con esa cacería y las fotos del rey empuñando un rifle ante un elefante abatido, comenzaron a difundirse detalles de su amistad íntima con Corinna Larsen, exesposa de aristócrata alemán, una relación sobre la que periódicamente se divulgan detalles comprometedores.
Otro golpe muy duro para Juan Carlos I y para la monarquía fue el caso de corrupción que protagonizó Iñaki Urdangarín, yerno del exmonarca y cuñado del actual rey, y que acabó con aquel entrando en la cárcel en 2018 por una condena de casi seis años de prisión.
Su esposa, Cristina de Borbón, hija y hermana de los monarcas, fue también juzgada pero finalmente quedó absuelta.
La puntilla llegó este año, con la sucesión de informaciones de prensa sobre las supuestas finanzas del rey emérito, que abdicó en junio de 2014, y que han terminado de descomponer su imagen.
Una fiscalía de Ginebra (Suiza) y la Fiscalía del Tribunal Supremo español investigan operaciones en el país helvético de una fundación vinculada a Juan Carlos que supuestamente mantuvo allí una cuenta en la que habría recibido una donación del entonces rey de Arabia Saudí de unos 100 millones de dólares, de los que habría transferido a Larsen unos 65 millones de euros.
La pasada semana, un juez de la Audiencia Nacional citó a Larsen a declarar el 8 de septiembre próximo por unas grabaciones en las que ella hablaba de las cuentas del rey emérito en Suiza.
Tras las primeras informaciones sobre esos supuestos manejos financieros del rey emérito, la Casa Real anunció en marzo que Felipe VI renunciaba a la herencia que pudiera recibir de su padre y que le retiraba la asignación económica.
Todo esto lanzó el debate sobre la inviolabilidad jurídica del rey, consagrada en la Constitución española.
El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, pidió “reflexionar” sobre ese principio y “ver qué solución se le da”, según dijo en una entrevista hace pocas semanas. “La Constitución tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades”, añadió Sánchez.
Ese principio “debería cambiar” para modernizar la monarquía, apunta a Efe Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional.
Como la Constitución “es casi imposible de reformar” ya que el mecanismo es “muy complicado”, Urías apuesta por una sentencia del Tribunal Constitucional que modifique la interpretación del texto sin necesidad de cambiarlo.
Este jurista recuerda que la inviolabilidad solo se refiere al ejercicio del cargo, pero no a hechos ocurridos tras la abdicación.
