Su cuerpo no aguantó más. Estuvo 9 días detenido, desde el 21 junio, cuando el régimen de Nicolás Maduro se lo llevó preso acusado de estar planeando un golpe de Estado, como lo indicó el ministro del Poder Popular oficialista, Jorge Rodríguez.
“Auxilio” le dijo a su abogado el pasado 28 de junio, cuando se encontró con él en los tribunales para una audiencia, después de que su familia y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, organización que lo representa, pasara siete días sin saber de su paradero.
Entonces, como lo relata la integrante de esta ONG, Ana Leonor Acosta, estaba en una silla de ruedas, con sangre en sus dedos, brazos y boca, tenía los ojos desorientados y no coordinaba los movimientos. Intentaba ponerse de pie, pero parecía aferrado a esa silla en la que sus custodios lo entregaron, a pesar de que al momento de su captura podía caminar con normalidad.
“¿Lo torturaron?”, le preguntó el abogado. Él no gesticuló, pero sí asintió. Cuando ingresó a la audiencia, el juez ordenó su traslado al Hospital Militar del Ejército, Dr. Vicente Salías Sanoja –conocido como el Hospitalito– y al día siguiente, sábado, se conoció que había fallecido.
Esa es la historia del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, preso político del oficialismo quien murió a causa de las torturas que le propinaron. Su caso fue denunciado por la Coalición, la oposición y la Directora Ejecutiva de Casla Institute, Tamara Suju, quien llevará ese reporte ante la Corte Penal Internacional.
Su asesinato en prisión ocasionó que los delegados del presidente interino, Juan Guaidó, cancelaran un ciclo de acercamientos que tenían programado para esta semana con el oficialismo y el gobierno de Noruega, como parte de la mediación que intenta realizar este país, según confirmó ayer el diario EL PAÍS.
