viernes
8 y 2
8 y 2
Su cuerpo no aguantó más. Estuvo 9 días detenido, desde el 21 junio, cuando el régimen de Nicolás Maduro se lo llevó preso acusado de estar planeando un golpe de Estado, como lo indicó el ministro del Poder Popular oficialista, Jorge Rodríguez.
“Auxilio” le dijo a su abogado el pasado 28 de junio, cuando se encontró con él en los tribunales para una audiencia, después de que su familia y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, organización que lo representa, pasara siete días sin saber de su paradero.
Entonces, como lo relata la integrante de esta ONG, Ana Leonor Acosta, estaba en una silla de ruedas, con sangre en sus dedos, brazos y boca, tenía los ojos desorientados y no coordinaba los movimientos. Intentaba ponerse de pie, pero parecía aferrado a esa silla en la que sus custodios lo entregaron, a pesar de que al momento de su captura podía caminar con normalidad.
“¿Lo torturaron?”, le preguntó el abogado. Él no gesticuló, pero sí asintió. Cuando ingresó a la audiencia, el juez ordenó su traslado al Hospital Militar del Ejército, Dr. Vicente Salías Sanoja –conocido como el Hospitalito– y al día siguiente, sábado, se conoció que había fallecido.
Esa es la historia del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, preso político del oficialismo quien murió a causa de las torturas que le propinaron. Su caso fue denunciado por la Coalición, la oposición y la Directora Ejecutiva de Casla Institute, Tamara Suju, quien llevará ese reporte ante la Corte Penal Internacional.
Su asesinato en prisión ocasionó que los delegados del presidente interino, Juan Guaidó, cancelaran un ciclo de acercamientos que tenían programado para esta semana con el oficialismo y el gobierno de Noruega, como parte de la mediación que intenta realizar este país, según confirmó ayer el diario EL PAÍS.
“Tenemos dos años señalando cómo están siendo torturados los uniformados que son detenidos. En Venezuela se ha institucionalizado la tortura con la complicidad de entes del gobierno”, sentencia Acosta.
Los datos que maneja otra ONG, Foro Penal, confirman el relato de lo que sufrió Acosta Arévalo. Según indicó su director, Alfredo Romero, el 15 % de los presos políticos que ha habido en el país en los últimos años ha recibido algún tipo de tortura, sea física o psicológica.
Y este militar, cuyo caso ya es investigado por la Fiscalía, no es el único uniformado que terminó con esta suerte. En marzo de 2015 fue el aviador Rodolfo Pedro González; en enero de 2018, el piloto de las Fuerzas Armadas Óscar Pérez; y ahora, en 2019, persisten las denuncias de torturas a presos como el militar Juan Caguaripano.
Los hechos recuerdan el caso del concejal Fernando Albán, quien falleció en octubre de 2018 mientras estaba detenido, tras ser acusado de participar en un supuesto plan para atentar contra Maduro. Según su partido, Primero Justicia, también fue torturado.
Como lo afirma el militar retirado, Cliver Alcalá, “la tortura es un acto repugnante que practica el Estado contra las personas sin distinción de su condición civil o militar”.
No solo hay denuncias de torturas, sino también de aislamiento. Familiares de presos como el general Raúl Emilio Baduel afirmaron que llevan más de dos semanas sin verlo.
Entre tanto, el Grupo de Lima, la oposición y defensores de Derechos Humanos pidieron a la ONU investigar el más reciente hecho.
Periodista egresada de la facultad de Comunicación Social - Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana.