Flexibilizar las leyes ambientales en Estados Unidos, que estaban destinadas a la protección del aire, el agua, la tierra y la salud, entre otras, fue la decisión que tomó el presidente Donald Trump el pasado jueves, y que hoy es criticada por los defensores del ambiente.
La apuesta de Trump tiene como objetivo acelerar la construcción de minas, tuberías y otros proyectos de infraestructura, y bloquear las posibilidades de las comunidades para rechazar o hacer recomendaciones en torno a los proyectos. El caso más conocido en esta materia es el oleoducto Keystone Pipeline, entre Canadá, Illinois y Texas.
La decisión reversa regulaciones vigentes desde hace por lo menos 50 años.
Trump, al dar a conocer la decisión, manifestó querer nuevas “carreteras y puentes más grandes”. El secretario del Interior, David Bernhardt, en sus declaraciones a medios de comunicación señaló que la decisión del presidente Trump es “home run”, ya que representa “reducir la burocracia que ha paralizado la toma de decisiones”, es decir, los procesos administrativos que se debían cumplir para realizar las obras que pueden generar algún grado de impacto en el ambiente.
Para Nelson Vivas, vocero de la ONG Cabildo Verde, de Villavicencio, y Camilo Prieto, vocero de la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano, es un claro golpe contra la protección ambiental y confirma su visión alrededor de negar el cambio climático.
Prieto señala que Trump “actúa desde una visión negacionista del cambio climático y hay que partir de ahí” para entender sus decisiones, que básicamente se “alinean con un modelo productivo, el cual asume el impacto ambiental como una externalidad, que no debe ser tenido en cuenta en la producción económica”.
Vivas, además, asegura que Trump revalida sus posiciones políticas, y agrega que es una muestra de que “no le importa nada, porque esto es arrasar árboles y destruir ecosistemas para beneficiarse”.
