Abusos sexuales, golpizas diarias, comida podrida: el gobierno de Nicolás Maduro denunció “torturas” a los migrantes venezolanos enviados por Estados Unidos a la megacárcel para pandilleros de El Salvador.
Estos 252 venezolanos fueron repatriados el viernes como parte de un canje de prisioneros entre Washington y Caracas, que a cambio liberó a 10 ciudadanos y residentes estadounidenses retenidos en Venezuela.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el lunes una investigación contra el presidente Nayib Bukele y otros funcionarios de su gobierno, a quienes acusó de cometer crímenes de lesa humanidad.
Los migrantes aún no se reunieron con sus familiares. Desde su llegada realizan exámenes de salud, se les emitió una nueva cédula y son entrevistados por el Ministerio Público. Una reunión con Maduro puede concretarse también este lunes.
Como sus compatriotas, Mervin Yamarte pasó más de cuatro meses en la megacárcel salvadoreña. Su madre Mercedes tiene una fiesta preparada para recibirlo en el barrio Los Pescadores, de Maracaibo (oeste).
Hay globos, pancartas y comida, pero Mercedes no tiene idea de cuándo llegará su hijo. En medio del almuerzo, recibió una llamada. “Madre, es Mervin”.
“Tenía cuatro meses y siete días sin escuchar la voz de mi hijo, escucharlo fue una alegría, es una alegría que no puedo describir”, dijo Mercedes Yamarte a la AFP.
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El fiscal general precisó que 80 funcionarios del Ministerio Público entrevistaron a los migrantes a su regreso al país.
Y presentó testimonios de algunos de los retornados que mostraron moretones en todo el cuerpo y marcas de balas de goma. Uno tenía la boca rota, otro una cicatriz en el hombro.
Andry Hernández Romero, un maquillador y estilista de 32 años que terminó en el temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), dijo en un video mostrado por el gobierno que fue abusado sexualmente.
“Estuvimos allá pasando tortura, pasando agresiones físicas, agresiones psicológicas”, señaló en el video. “Fui abusado sexualmente por parte de las mismas autoridades salvadoreñas”. “Creímos que nunca íbamos a volver a ver a nuestros familiares”.
Su madre, Erkia Palencia, dijo más temprano a la AFP que Hernández le relató agresiones.
“Dijo que los golpeaban, que les dispararon y mostró una cicatriz cerca de su oreja”, indicó. “Salieron de ese infierno”.
El fiscal relató igualmente el “aislamiento en celdas inhumanas (...) sin contacto con la luz solar, sin ventilación” y “ataques sistemáticos de perdigones (balas de goma)”.
Dijo que les daban comida podrida y agua no potable. No tuvieron nunca acceso a abogados o contacto con familiares.
No obstante, la propia Venezuela encara constantes denuncias sobre torturas a opositores políticos presos en el país, y por su rechazo a permitir que tengan un abogado privado.
El gobierno de Maduro encara una investigación por delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI).
Estados Unidos acusó sin pruebas a los venezolanos deportados a El Salvador de pertenecer al Tren de Aragua, banda delictiva de origen venezolano que el presidente Donald Trump declaró “organización terrorista”.
El mandatario invocó una ley de enemigos extranjeros de 1798 para expulsar a los venezolanos en marzo de forma expedita.
Su liberación fue el resultado de una negociación con representantes de Estados Unidos. El acuerdo se finiquitó apenas horas antes del canje, según el jefe del Parlamento Jorge Rodríguez, que encabezó las negociaciones con Estados Unidos.
El mismo viernes llegó un avión con deportados de Estados Unidos, que incluyó a siete niños separados de sus padres.
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“Mientras estaba llegando el avión con los siete niños, nosotros estábamos en otro hangar coordinando con los gringos que saliera el avión como los espías y terroristas” hacia Estados Unidos, relató Rodríguez el lunes en rueda de prensa, en referencia a los liberados en el canje. “Y que salieran de El Salvador los dos aviones con nuestros compatriotas”.
El canje incluyó la liberación de otros 80 venezolanos detenidos en Venezuela, considerados “presos políticos” por la oposición. Rodríguez, sin embargo, aseguró que esa medida coincidió con un proceso de negociación interno paralelo.
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