Cuando se supo del bochornoso caso de presuntas interceptaciones del Estado mexicano contra periodistas y activistas que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, EL COLOMBIANO pudo hablar con una de las 14 víctimas iniciales: Salvador Camarena, director de investigación periodística de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, afirmó que la lista de afectados por las chuzadas aumentaría incluso hasta cientos de personas.
Ayer ese vaticinio empezó a plasmarse en la realidad, puesto que los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei), denunciaron haber recibido también los mismos mensajes con los que autoridades mexicanas habrían presuntamente logrado interceptar los teléfonos móviles.
“Esto es un asunto muy delicado (...) un problema mayúsculo. Cualquier Estado debe reaccionar de manera inmediata”, dijo a Reuters la colombiana Ángela Buitrago, una de las investigadoras del Giei, quien considera que de haberse filtrado datos reservados esto pudo “haber llevado al traste algunas pesquisas”.
Paralelo a la acusación, el centro de estudios canadiense Citizen Lab, publicó un nuevo informe sobre el caso, que establece que “los intentos de infección documentados ocurrieron a principios de marzo de 2016, poco antes de la publicación del informe final de Giei sobre su investigación”.
Los nuevos mensajes analizados fueron dos, recibidos el 1 y el 4 de marzo, dijo Citizen Lab en su publicación.
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