El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, se defendió este martes ante el Consejo de Estado de la demanda de pérdida de investidura que existe en su contra, asegurando que no estaba inhabilitado para ser senador ya que nunca fue condenado mediante sentencia judicial, sino que fue capturado y enviado a la cárcel, con una resolución, por pertenecer al M-19.
"Nunca existió una sentencia judicial que condenara al ahora alcalde de Bogotá en su época de juventud. Pueden seguirla buscando, no la encontrarán, a menos que se fabrique posteriormente. No hubo sentencia judicial porque fui juzgado de militares y, ¿por qué? Por un decreto de estado de sitio, el 1056 de 1984. ¿Por qué fui procesado? Por ser integrante del movimiento 19 de abril y nunca lo oculté", señaló.
Petro aseguró que el concejal Orlando Parada desconoció el contexto histórico en la demanda por no hacer mención de su rebeldía y señalar que se trató de una captura realizada en Zipaquirá, por el Ejército, por un delito común, el porte de armas.
Cabe recordar que antes del decreto de 1984, proferido en estado de sitio, el porte de armas era una contravención.
"A mí me capturaron por mí militancia en el M-19 y por eso me llevaron al Cantón Norte donde otros oscuros episodios ocurrieron unos días después y por eso terminé en las cárceles. Querer quitar ese contexto para decir que un delito común para hacer que sea derribado el alcalde, desconoce el hecho que el 1056 no habla de sentencias judiciales ni de delito lo que habla es de contravención", señaló.
Petro además aseguró que en su caso nunca hubo realmente un proceso judicial y que por eso si se le decreta la pérdida de investidura, tendría que valerse una resolución como una sentencia y, ahí sí, decir que los 15 años que fue congresista eran inválidos.
"No es un proceso judicial, no hay un sentencia, nunca la encontrarán, es una simple resolución de un general que entre otras fue el general Arias Cabrales, que le quita la libertad al concejal Gustavo Petro por su militancia en el M-19 aduciendo que tenía una arma de defensa personal y sin sentencia, sin proceso, lo manda a la cárcel", afirmó Petro.
Procuraduría pide mantener investidura
Por su parte, el delgado del Ministerio Público, Isnardo Jaimes, solicitó al Consejo de Estado que mantenga la investidura de Petro argumentando precisamente que no existe la sentencia en su contra.
Jaimes dijo que a pesar que el Consejo de Estado ofició a diferentes instancias para que fueran allegadas al proceso, nunca se encontró el expediente completo, ni la sentencia en contra de Petro, ni la que le rebajó la pena inicial de 18 meses a 15.
Aseveró que ni el Inpec, la Policía, la Justicia Penal Militar pudieron dar cuenta de la existencia de la condena y que, incluso, el sumario de su caso no aparece en sus respectivos archivos.
"Causa preocupación porque no se pueden desaparecer los expedientes así (…) No está probado en el expediente la sentencia, único documento idóneo, para poder saber si fue o no condenado. No aparece, aparecen informes, por eso no podemos decir que se pueda perder la investidura", afirmó Jaimes.
Por otro lado, para la Procuraduría General el delito por el que Petro supuestamente fue procesado, el porte ilegal de armas, sí era conexo con la situación de rebeldía del entonces concejal de Zipaquirá.
El argumento de Parada
El argumento principal del concejal Parada es que el alcalde Petro cometió un delito común y que, sí se quiere hacer entender que se trató de un delito relacionado con su condición de rebelde, éste no lo manifestó cuando tuvo la oportunidad.
Señaló que no todo portador de armas, en ese entonces, era rebelde y que Petro hubiese podido alegar la conexión con el delito de rebelión.
"Pero no era un rebelde, era el concejal de Zipaquirá, si lo hubiera declarado hubiese sido investigado por un juez superior y la pena ya no sería de 1 a 2 años sino de 2 a 8 y por eso no lo hizo", dijo.
En su exposición, Parada lamentó la inexistencia del material del expediente de Petro pero dijo que lo poco que hay permite convalidar que Petro había podido solicitar indulto para su delito, gracias a normativas de los gobiernos de Belisario Betancourt y de Cesar Gaviria, pero que no lo hizo.
"Hubiese podido decir, sí yo era un rebelde hace años, háganme la conexión y beneficiarse con el indulto y no lo hizo", precisó.
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