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María Mulata se queda en la Alcaldía de Cartagena

06 de febrero de 2009
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Luego de un largo estudio, el Consejo de Estado rechazó la solicitud de nulidad propuesta con respecto a la elección de la alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo Flórez.

Esta decisión le da la razón a la Procuraduría General  de la Nación, en cuanto consideró que no se cumplían los requisitos para que la misma procediera. Así pues, el Alto Tribunal dejó sin vigencia la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró la  nulidad de la elección.

El presidente del Consejo de Estado, Enrique Gil Botero, indicó que “la corporación estudió de manera minuciosa las funciones que cumplió el esposo de la alcaldesa y concluyó que las funciones no constituyen actos de autoridad porque no están subscritos a ordenes y mandatos”.

De esta manera, el Consejo de Estado negó las pretensiones reclamadas por el ex candidato a esa alcaldía Juan Carlos Gossaín y a Guillermo Marrugo, quienes consideraron que Pinedo estaba inhabilitada, porque su esposo, Arturo Zea Solano, se había desempeñado como Defensor del Pueblo durante el año anterior a la elección.

Por último Gil Botero anunció que “esta situación pone fin y no tiene recursos. Esta decisión es ajustada al derecho y se le pone fin a una serie de suspicacias que lo hacen es debilitar la justicia y las instituciones".

Elección legal
El pasado 16 de septiembre la Procuraduría General de la Nación sentó su posición frente a la elección de la alcaldesa de Cartagena.

Para el Ministerio Público el tribunal entendió de manera equivocada las funciones que tiene un defensor regional, quien no puede ejercer autoridad ni administrativa ni civil.

"En cabeza de las defensorías regionales no reposa la capacidad de nombrar, remover o trasladar a sus empleados, no manejan un presupuesto autónomo, no manejan caja menor, no tiene facultad de contratación y no tienen competencia para adelantar procesos disciplinarios frente a sus subalternos", señaló la Procuraduría.

Por esta razón, el Ministerio Público solicitó al  Consejo de Estado revocar la decisión que en primera instancia declaró la nulidad en la elección de la mandataria.

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