Luego de su captura, desde la Policía Nacional dieron a conocer que este hombre solía viajar, cada semana, a Medellín, para reunirse con miembros de los grupos delincuenciales Los Chatas y Pachelly, quienes le darían capacitación de cómo “profesionalizar” el “gota a gota”, afectando los comerciantes y ciudadanos de este municipio del Valle.
“Viajaba constantemente a Medellín para realizar coordinaciones con estos grupos criminales, de quienes aprendía doctrinas para implementarlas en el desarrollo de sus acciones delictivas”, indicó el coronel Mauricio Arley Herrera, director de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía
Entre las técnicas aprendidas de las bandas criminales del Valle de Aburrá, según la Policía, ya habría establecido que los comerciantes de Tuluá compraran sus productos en lugares autorizados por ellos, con sobrecostos incluidos. En caso de negarse, las víctimas sufrían atentados.
A esto se sumaba que se les incrementaban las extorsiones, las cuales podían llegar a superar los $1.000 millones a cambio de evitar ser víctimas de nuevos hechos delictivos.
Si bien el pagadiario es una modalidad de financiación ilegal que lleva, al menos, dos décadas en Medellín y el Valle de Aburrá, su facilidad para generar ingresos a las estructuras ha hecho que esta se lleve a otras ciudades del país y hasta del mundo.
En algunos casos aprovechan las necesidades de algunos colombianos por buscar un mejor futuro y los terminan implicando en estas rentas ilegales; en otros, lo que hacen es buscar a personas del país donde aterrizan y empiezan a formarlos, no solo en la forma de prestar, sino en la de cobrar.
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Así quedó en evidencia en 2022, cuando en Tacuarembó, Uruguay, en una gran operación las autoridades del país oriental capturaron a 25 colombianos vinculados con una red dedicada a estos préstamos ilegales.
La modalidad era la misma que se aplica en las comunas de Medellín y en barrios con problemas económicos del Valle de Aburrá. Prestan sumas de dinero con un 20% de interés, un valor muy superior al ofrecido por las entidades bancarias locales.
La migración de los pagadiarios ha sido tal que actualmente se habla de presencia de estructuras, formados por bandas colombianas, en Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, México y Estados Unidos.
Investigadores del conflicto aseguraron que en algún casos son estructuras como Los Chatas, Pachelly o El Mesa, así como el cuerpo colegiado de La Oficina, quienes estarían enviando hombres para tecnificar esta modalidad de préstamos ilegales.
“También hay casos en los que personas, de manera independiente y con conocimientos en el tema, se van y empiezan a contactar a personas locales para que aprendan el ‘gota gota’”, manifestó el investigador judicial.
En cuanto al movimiento de estructuras que estarían haciendo estas formaciones criminales estarían la banda Robledo en República Dominicana, La Silla en Chile, Altos de Aranjuez en Venezuela y La Oficina en México, con envío de delegados de la comuna 3 (Manrique) o de los barrios de Bello. En Brasil este movimiento criminal estaría manejado por grupos de narcotraficantes de alto rango.
Quienes se han dedicado a llevar esta modalidad de cobro a otros lugares de Colombia, además de Los Chatas y Pachelly, también se encontrarían la banda La Imperial, que lo hace en Cali, y El Mesa en varios municipios de Boyacá y en Soacha, Cundinamarca.
En el Caribe colombiano estarían distribuidas las bandas Robledo, Los Mondongueros y Los Machacos haciendo la coordinación de estos cobros con bandas delincuenciales locales.
“El pagadiario es un modelo que tiene origen en Medellín, incluso desde las épocas del cartel de Medellín, pero con sello de exportación. Lo clave es que puede generar ganancias multimillonarias a estas estructuras”, expresó Luis Fernando Quijano, director de la Corporacion para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades).
De acuerdo con algunos estudios, se estima que el pagadiario dejaría rentabilidades por 120 millones de dólares ($380.000 millones) cada año a estas estructuras, principalmente en los cobros de los desbordados intereses, cada vez más estandarizados con el 20% o 25% en todo el mundo.
La antropóloga Laura Falla Mejía, quien realizó una investigación sobre este fenómeno, explicó que las redes de pagadiarios, tanto en Colombia, como en el mundo, se comenzaron a fortalecer entre poblaciones que viven de la informalidad. Además indicó que este fenómeno se comenzó a expandir a finales de la década de los 2000.