Los candidatos de las pasadas elecciones tenían plazo hasta ayer para recoger las toneladas de propaganda con las que inundaron calles y barrios.
Tres días hábiles para recoger la basura. Ese era el acuerdo al que se comprometieron para poner fin a la contaminación visual que no tuvieron reparos en llevar a extremos intolerables para la ciudadanía en los últimos meses.
Pero al hacer un recorrido por la ciudad ayer en la tarde fue evidente que la eficacia que tuvieron para regar su propaganda no es la misma a la hora de cumplir con la norma y respetar a la ciudadanía. Aunque según el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, José Gerardo Acevedo, tenían reportes de que varias campañas ya estaban adelantando el retiro de algunas vallas y pasacalles, es evidente que la ciudad está todavía saturada de propaganda política.
Y eso que la Alcaldía de Medellín ya les había “dado una mano” en las últimas semanas. El reporte del Distrito da cuenta de más de 300 piezas entre vallas y pasacalles que desmontaron antes de las elecciones del 29 de octubre por diversas razones, incluyendo piezas que las campañas de varios candidatos montaron sin tener ningún permiso y violando toda la normativa vigente. El rey de estas infracciones fue Albert Corredor y su quemada lista al Concejo.
Pero la realidad es que de los candidatos entre esos 550 aspirantes al Alcaldía, Gobernación, Concejo y Asamblea que sacaron la chequera para sumarse a la “guerra” propagandística se salvan muy pocos a la hora de recoger su desorden.
Acevedo señaló que iban a esperar a que se cumpliera el plazo de los tres días hábiles para darle luz verde a un equipo previamente conformado por Emvarias y Espacio Público para esta tarea. Este personal se encargará de ir barrio por barrio desmontando la basura que los candidatos dejaron tirada.
Eso sí, advirtió que evidentemente el Distrito incurre en un gasto que debería evitarse si los candidatos fuesen responsables y por ende a medida que las brigadas avancen en las calles la Alcaldía entregará los respectivos reportes al Consejo Nacional Electoral y elevará las correspondientes multas.
Cabe recordar que, dependiendo de la cantidad de propaganda abandonada y las características de estas, los candidatos se ven expuestos a multas que pueden ascender a 5.000 salarios mínimos legales vigentes.
Pero más allá del tema sancionatorio está el tema ético. La ausencia de los mínimos de respeto frente a la ciudadanía. Y es que, aunque es una práctica aceptada, la contaminación por propaganda política es tremendamente nociva para la población y el medio ambiente.
El proceso para la producción de las lonas con las que se diseñan vallas, pasacalles y pendones es sumamente contaminante. Resulta que el PVC, el principal componente de las lonas, no es un material biodegradable y para colmo tiene propiedades impermeables y altamente tóxicas. Su quema libera compuestos cancerígenos y su exposición al aire libre y a la humedad libera cloruro de hidrógeno que genera irritación en los ojos y afectaciones a las vías respiratorias.
Greenpeace calcula que los residuos plásticos derivados de la propaganda proselitista con que políticos inundan las principales ciudades latinoamericanas tardan más de 20 años en degradarse.
Algunos políticos en redes se han dejado ver haciendo “limpiatones” con espátula en mano. Pero tras el frenesí de desechos y contaminación que quedó nuevamente en la ciudad tras el final de otra campaña la discusión debería tener mayor calado.
En los últimos meses, recorriendo las subregiones durante la campaña, encontramos con agrado que en decenas de municipios, sobre todo en el Suroeste, la ciudadanía y su dirigencia política sellaron pactos de convivencia desde hace varios años para prohibir completamente la contaminación por propaganda política. En municipios como Jardín y Jericó, por citar algunos, no se vio ni un solo afiche en las calles. Un acuerdo que encontraron para hacerse la vida más fácil, evitarse dolores de cabeza y evitárselos al medio ambiente. ¿Por qué no pensar algo similar en Medellín?
