Un giro inesperado acaba de tomar la controversia por el presunto negociado que se habría pretendido hacer con el predio Aguas Vivas durante la administración de Daniel Quintero. La Contraloría Distrital determinó que se presentó un daño para el patrimonio del Distrito de Medellín por la suma de casi $11.000 millones.
Aguas Vivas es el nombre de un megalote que fue cedido por particulares al Municipio en diciembre de 2019 a título gratuito, a cambio del pago de obligaciones urbanísticas; sin embargo, luego hubo varias piruetas, una de las cuales fue que sus anteriores dueños reclamaron que les reconocieran un valor superior a 40.000 millones y gracias a la oposición de los organismos de control y funcionarios de carácter técnico de la administración, esto no se hizo.
Sin embargo, el predio terminó siendo devuelto y, posteriormente, en mayo de 2023, el entonces alcalde Daniel Quintero emitió un decreto que eliminaba las restricciones de uso; la consecuencia era que se aumentaba el valor comercial de ese predio.
Por este caso, actualmente hay un proceso penal en el que fueron imputadas trece personas, incluido el exmandatario Quintero, y aunque el juez de conocimiento objetó la imputación, el caso sigue abierto.
La otra arista de este caso son las indagaciones que han iniciado los organismos de control y, dentro de eso, ahora la Contraloría local acaba de decir que mientras tuvo la condición de bien público, el inmueble se valorizó en $10.944 millones, sin que la diferencia se haya reconocido a la Alcaldía cuando se hizo el traspaso de nuevo a los particulares.
Esto debido a que en 2019, cuando fue escriturado al Distrito, el valor estimado eran 52.561 millones de pesos y en 2023, cuando salió del inventario distrital, eran 63.046 millones.
“La determinación del daño patrimonial no constituye una declaratoria de responsabilidad. Es un indicio técnico que da inicio a una etapa posterior, en la que se identificarán los hechos y se valorarán las pruebas con plenas garantías de debido proceso, contradicción y defensa”, resalta el ente de control fiscal, que mientras tanto se abstuvo de señalar a los presuntos responsables.
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