El secretario General de la Alcaldía de Medellín, Sebastián Gómez, habla del estado de los procesos sancionatorios por presunta corrupción en el periodo pasado.
Hasta ahora y producto solo de siete casos de cerca de 25 de relevancia que llevan la Fiscalía y organismos de control, ya van 41 imputaciones a funcionarios y otras personas ligadas con la administración del exalcalde Daniel Quintero (2020-2023).
Entre esos procesos están el de Buen Comienzo, el contrato interadministrativo entre el Inder y Metroparques y el negociado de Aguas Vivas, este último en donde se investigan a funcionarios por un presunto peculado de más de $40.000 millones.
Aunque ya había denuncias desde el tiempo en que Quintero estaba en el cargo, en su mayoría las investigaciones solo comenzaron a avanzar cuando el actual alcalde, Federico Gutiérrez, lo sucedió. Y la oficina encargada de darle sistematicidad a las indagaciones iniciales para sustentar las denuncias ante los organismos competentes ha sido la Secretaría General, a cargo de Sebastián Gómez, funcionario con el que habló EL COLOMBIANO.
“Vamos muy bien. En un año y medio se ha logrado mucho, partiendo de que esto no ha sido solo una lucha ética de esta administración, sino que es gracias a veedurías ciudadanas, funcionarios públicos y medios de comunicación que se atrevieron a denunciar antes de que nosotros llegáramos. Lo que nosotros hicimos fue consolidar los procesos y adicionar muchas de las denuncias que ya había o presentar nuevas, que hoy ya llevan 650 hallazgos.
El resultado es que hay 41 exfuncionarios, en su mayoría exdirectivos de la administración de Daniel Quintero y excontratistas imputados por la Fiscalía por delitos relacionados con corrupción. Eso solo referido a siete casos”.
“El primero es el de Buen Comienzo y la Secretaría de Educación, donde el miércoles confirmaron la inhabilidad por 8 años a la exsecretaria Marta Alexandra Agudelo; ya quedó firme en la Procuraduría. Y coincidió con eso que la Fiscalía presentó el escrito de acusación contra esa exfuncionaria, contra la exdirectora de Buen Comienzo Lina María Gil y contra Henry Paulison Gómez, el ex gerente de Colombia Avanza. Los cargos son por tres delitos; ya no es imputación, la Fiscalía los acusó formalmente por contrato sin cumplimiento requisitos legales, peculado por apropiación agravado e interés indebido en contratos. Aquí es clave que la Fiscalía reveló todas las pruebas documentales, testimonios e interceptaciones telefónicas que tienen”.
“Tenemos solo la relación y todavía no nos han entregado el contenido”.
“Ya que la Fiscalía les hace esta acusación y revela las pruebas, de ahí en adelante viene la audiencia preparatoria e inicia el juicio oral”.
“El caso dos tiene que ver con el hangar del Parque de las Aguas, donde también hay siete funcionarios de la administración anterior imputados por tres delitos que coinciden con los anteriores. Se trató de una bodega que construyeron incumpliendo los requisitos de ley.
El otro caso es el del Inder y Metroparques, donde hubo interés debido en contrato y peculado; otro es el de Metroparques con Cyan. Uno más es el contrato de Metroplús, por $16.000 millones, que celebraron en la madrugada antes de comenzar a regir la Ley de Garantías; el de contratación para el mantenimiento de zonas verdes; hay otro caso de Metroparques con el Parque de las Aguas, donde compraron unos insumos y otras cosas, y para la Fiscalía hay un delito evidente; y el caso Aguas Vivas. Ahí estamos hablando de siete casos, entre más de 90 hallazgos con incidencia penal que pueden estar inmersos en más de 25 casos relevantes en Fiscalía”.
“No hay duda, le voy a decir una cosa, en la historia del país ¿usted conoce un antecedente de una administración que haya salido y en año y medio tenga a 41 de sus funcionarios imputados por la Fiscalía ante los jueces? Eso no había ocurrido ni siquiera en el caso de Samuel Moreno en Bogotá”.
“Acuérdese es un año, el exalcalde Quintero decía que los hallazgos no existían y que todo era mentira. Luego decía que era la Procuraduría la que lo iba a acabar y ya, que es la Fiscalía, que todo era una supuesta persecución. Y súmele otra: la Fiscalía ya les hizo extinción de dominio a varios exfuncionarios acá antes mencionados en las imputaciones, y vienen más porque nosotros presentamos otros elementos a partir de los cuales la Fiscalía debería actuar también con extinción de dominio”.
“Uno, que vengan más imputaciones, porque tenemos otros casos que ya presentamos a la Fiscalía y donde esperamos que ella avance; nosotros como víctimas lo que hacemos es entregar los elementos y la Fiscalía es quien termina de hacer la investigación. Segundo, que los que ya están imputados y acusados vayan a juicio y se obtenga una sentencia. Y lo tercero, que la Personería, la Procuraduría y la Contraloría avancen también”.
“Las entidades por regla general tienen exceso de trabajo, pero en todas a las que hemos enviado los informes, las pruebas, todo, hemos tenido una respuesta, están actuando dentro del marco legal. Entonces no puedo decir que estén lentas, ojo, partiendo de que uno siempre quiere que se actúe con celeridad. Lo otro es que esto tiene que terminar con algo y es que una vez haya sentencias, se resarza el patrimonio del Distrito”.
“Solo en los siete casos mencionados el detrimento es de más de 60.000 millones, pero en total estamos hablando de más de un billón de pesos y eso sin incluir a EPM y Afinia, sobre lo cual ya también tenemos denuncias y pruebas entregadas”.
“De EPM tenemos tres casos y de Afinia se denunció y se entregaron todos los elementos de una auditoría. Hay un contrato de seguridad como de $80.000 millones que, para nosotros, se celebró también de manera indebida, y un contrato de alimentación en Hidroituango por casi $40.000 millones. Son casos denunciados ante la Fiscalía”.
“Sí, entregamos los elementos y la Fiscalía está validando; esperemos que tenga resultados”.
