Nuestra ciudad ha ido conformando una red de movilidad diversa e integrada, capaz, incluso, de conectar con los bordes periurbanos, donde habitan familias en condiciones difíciles y con restricciones geotécnicas. A su vez, se destacan cuantiosas inversiones de más y mejores espacios públicos, asunto que, generalmente no encuentra obstáculos en la gestión institucional, dándole —a mi juicio— una exagerada valoración en la solución de problemáticas urbanas y sociales como factor de integración ciudadana y como fortalecimiento de la democracia. Tal es el caso de los Parques del Río, que se presentan como símbolos de integración y democracia. Sin embargo, su extensión hacia el norte se ve interrumpida por la necesidad de planes de reasentamiento habitacional, lo que revela una paradoja recurrente: los vecinos requieren servicios sociales, pero su materialización depende de liberar algunas viviendas ocupadas en sus territorios y por sus propios habitantes.
Una propuesta innovadora podría ser la creación de una edificación moderna de uso residencial entre los barrios Moravia y Zamora, en Bello, una ciudadela lineal equipada con ascensores públicos y espacios multifuncionales. Allí, no solo se reasentaría la población afectada, sino que también se generaría oferta adicional para trabajadores formales, rompiendo con la planeación sectorial tradicional y proyectando una Medellín del siglo XXI con arquitectura, paisajismo y tecnología de punta.
El enfoque habitacional en los barrios altos y en la oferta de viviendas económicas para clase media es hoy limitado. El abandono de programas clave y la delegación exclusiva al sector privado han generado un vacío de liderazgo institucional. La vivienda es mucho más que un techo: es célula madre de la ciudad y pieza fundamental para recomponer el tejido social afectado por desplazamientos regionales, ocupaciones informales en laderas y cañadas, demoliciones forzosas y desalojos, significando, entonces, el atributo urbano de la equidad y el primer escalón de salubridad pública.
En los próximos cincuenta años, Medellín como Distrito de Innovación, Ciencia y Tecnología, debe consolidar un modelo de ciudad donde el desarrollo urbano vaya más allá del corredor central del río Aburrá y sus adyacentes, y se proyecte hacia laderas y quebradas, mitigando riesgos naturales —deslizamientos y avalanchas frecuentes debido, entre otros factores, al impacto por el cambio climático—mediante bioingeniería y soluciones de infraestructura adaptadas a cada territorio. El POT ha propuesto desde hace varias décadas la conformación de un cinturón verde en la periferia con características ambientales y agroforestales, que funcione como un elemento de contención frente al crecimiento habitacional en las laderas y hacia el interior de los retiros de las quebradas. Sin embargo, su éxito depende de integrarlos con propuestas habitacionales sostenibles y ecobarrios que incluyan seguridad alimentaria y oportunidades residenciales para familias en desplazamiento. Una propuesta que no ha encontrado el respaldo necesario entre los actores públicos y privados involucrados ni, inclusive, entre los actores sociales y sus organizaciones.
Microproyectos barriales
El Distrito debe liderar programas integrales de mejoramiento en barrios populares que eleven la calidad de vida de sus habitantes, prevengan riesgos ambientales y generen oferta de vivienda asequible para la población con actividades económicas informales. Estos proyectos deben combinar microintervenciones en laderas, legalización de asentamientos y escrituración de viviendas, siguiendo experiencias exitosas obtenidas del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales en Medellín (PRIMED) y del proyecto de consolidación habitacional en las quebradas Juan Bobo y La Herrera.
La implementación de los programas de mejoramiento de barrios en laderas con fuertes restricciones geotécnicas encuentra, a veces, barreras conceptuales en los organismos y autoridades gubernamentales, sobre todo, en el nivel local. Esto ocurre debido a una concepción formalista de la normatividad urbanística, que muchas veces se convierte en un verdadero obstáculo para el mejoramiento de estos territorios.
Esta controversia, sin embargo, fue resuelta por la Declaración de la Conferencia Mundial de la Ciudad en la Estrategia de Facilitación de los Asentamientos —Estambul, 1996—, que estableció con claridad: “No se propone el cambio de normas, sino su aplicación adecuada y flexible a los asentamientos de desarrollo incompleto e inadecuado, analizados como situación de hecho”.
Ante el abandono de dichos programas, las comunidades han continuado trabajando de la mano de organizaciones sin ánimo de lucro, a través de iniciativas de capacitación sobre las condiciones de riesgo de sus territorios. Estas poblaciones han identificado puntos críticos mediante recorridos, han establecido grupos de monitoreo y han desarrollado pequeños proyectos demostrativos de prevención. Todas estas actividades deberían ser analizadas, fortalecidas y financiadas por el Distrito, con el fin de proyectarlas a escala barrial y zonal, garantizando así asistencia técnica y continuidad institucional.
El Distrito debe asumirse como la instancia líder para enfrentar la crisis residencial que ya se evidencia, producto del agotamiento del suelo urbanizable en expansión, lo cual ha generado una escasez de oferta de vivienda económica y para clase media.
En este sentido, debe ejercer su rol como operador público, no solo para el establecimiento de un programa de mejoramiento de barrios, sino también para acompañar la ejecución de los planes parciales de expansión urbana, que se desarrollan en el corregimiento de San Antonio de Prado y, sobre todo, fortaleciendo la viabilidad técnica y financiera de los planes parciales de renovación en áreas céntricas en deterioro. Para ello, se propone la conformación de alianzas para la urbanización asociada entre el sector solidario y los propietarios de los terrenos en transformación, mediante la implementación de gerencias de carácter mixto que faciliten la revitalización del centro de la ciudad y garanticen la continuidad de los proyectos, más allá de los periodos de gobierno local.
acciones que impulsan propósitos
El Distrito debe impulsar una estrategia transparente para recuperar la confianza institucional por parte de la ciudadanía, con el propósito de lograr una disposición armónica del suelo y garantizar procesos justos en el desarrollo urbano. Esta estrategia implica poner en marcha los alcances de la Ley de Protección de Moradores, especialmente frente a la operación de proyectos urbanísticos y de infraestructura que puedan generar afectaciones residenciales.
De esta forma, las permanencias habitacionales y de pequeños negocios adquirirían una nueva connotación de acercamiento y corresponsabilidad entre la población y sus gobernantes. Esto permitiría reducir el impacto negativo de los desalojos y las expropiaciones administrativas, al tiempo que facilita la reintegración del tejido social en los territorios donde se desarrollan estos proyectos. La clave está en introducir modelos institucionales de operación, que promuevan la participación, la equidad y la sostenibilidad, en lugar de depender exclusivamente del modelo inmobiliario del sector privado.
Esta estrategia resulta fundamental si la ciudad aspira a avanzar en la conformación de más y mejor espacio público, o en la generación de nuevos equipamientos comunitarios.
El agotamiento del suelo urbanizable ya se manifiesta en todos los ámbitos de la construcción y la cualificación urbanística, por lo que repensar el modelo de gestión territorial es hoy una necesidad inaplazable para el desarrollo equitativo y sostenible de Medellín.
El caso de la actual parálisis inmobiliaria y del escepticismo frente a la ejecución de los planes parciales en los tratamientos de renovación urbana es preocupante y requiere una reingeniería y ajuste integral. No solo se trata de redefinir el modelo institucional de gestión, sino también de revisar las deficiencias en la calificación de los tratamientos y en la escala de abordaje de varios de estos planes.
Más grave aún es la distorsión del sentido de utilidad pública e interés social, desplazado por modelos concebidos exclusivamente desde la rentabilidad inmobiliaria. Esta situación se refleja en la escasa oferta de vivienda económica, ya que apenas un 20 % de los aprovechamientos se destina a vivienda de interés prioritario (VIP) y vivienda de interés social (VIS).
Como consecuencia, el sector solidario y otros organismos de demanda de vivienda económica
—como las cajas de compensación, cooperativas financieras y fondos de empleados— muestran poco interés en participar en el desarrollo de estos proyectos.
Recuperar para habitar
Como residente del centro de la ciudad he sido testigo de su paulatino y creciente deterioro, originado por múltiples causas. Por ello, la revitalización del centro requiere la implementación de un modelo institucional de renovación urbana en el que el Distrito asuma un papel activo: convocando a los propietarios de predios, canalizando recursos financieros para atender a la población vulnerable y ejecutando directamente los componentes de espacio público y reposición de redes de servicios públicos.
El objetivo no es solo dinamizar los proyectos: también garantizar la gestión de viviendas económicas y para la clase media.
Desde esta óptica, la situación actual de deterioro que se observa sobre la avenida De Greiff representa, al mismo tiempo, una oportunidad de intervención con un alto potencial de renovación urbana integral. Esta debe incluir la atención a la población vulnerable, en especial a habitantes en situación de calle, personas que ejercen la prostitución y comerciantes con ventas informales.
El proyecto debe contemplar la continuidad del espacio público, prolongando el paseo urbano sobre este tramo, y promover la generación de nuevas ofertas habitacionales, especialmente viviendas económicas y para la clase media.
El impacto de la parálisis urbana puede incluso extenderse a otros atributos de la ciudad. Por ejemplo, para la adopción de la jornada única en el sector educativo, y de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, se requiere la construcción de cerca de cincuenta colegios. Pero, ¿dónde?
La generación de infraestructura para los servicios sociales —salud, recreación, educación, entre otros— podría generar un alto impacto con afectaciones residenciales, lo que llevaría a la ciudad a enfrentar conflictos sociales frecuentes. En este contexto, la Ley de Protección a Moradores surge como una alternativa valiosa para mitigar las confrontaciones venideras.
La propuesta de ajuste, en este caso, consiste en la generación de microproyectos de renovación urbana popular. Estos permitirían construir, por ejemplo, el colegio requerido, pero incluyendo en la planificación la edificación correspondiente al reasentamiento habitacional de las viviendas afectadas e, incluso, ofreciendo una sobreoferta adicional de vivienda para trabajadores que demandan soluciones habitacionales.
Mi visión —quizás ambiciosa— presenta una imagen de fortalecimiento institucional del Distrito en las formas de concertación del desarrollo urbano, poniendo en práctica la estrategia de protección de moradores en proyectos donde las permanencias habitacionales y de pequeños negocios sean un objetivo fundamental en la conformación de nuevos vecindarios y comunidades en integración creciente.
Medellín tiene la oportunidad de transformar crisis en aprendizaje para avanzar hacia un desarrollo urbano más justo, sostenible y participativo.
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