Un nuevo episodio sobre la polémica elección del personero de Medellín se conoció este lunes 19 de febrero. En este caso se trata de una decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, que confirma la sanción de imponer unos días de arresto a dos funcionarios de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, encargada del proceso de elección, porque habrían incurrido en desacato. El Grancolombiano, sin embargo, defiende que cumplió con lo ordenado por el fallo.
Este episodio de la novela en la que se convirtió la elección del personero tiene que ver con la acción de tutela que presentó Sandra Lorena Cárdenas Sepúlveda, actual personera de Pereira, quien fue candidata en el concurso de méritos para asumir ese cargo en Medellín y quedó en el tercer lugar. En su consideración, el Politécnico Grancolombiano le calificó mal varias preguntas del examen de competencias que la dejaron más abajo de lo que hubiera quedado.
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Según el argumento de Cárdenas, luego de hacer la reclamación, desde la institución universitaria le reconocieron que efectivamente ella las había respondido bien; sin embargo, en la calificación final solo se vieron reflejados los cambios en la calificación de dos de siete preguntas. La institución, por su parte, argumenta que en ningún momento le expresó que todas las preguntas habían sido respondidas acertadamente y por lo tanto hubiera lugar a una correción de todas ellas.
Como resultado, el 9 de enero pasado, un juez le ordenó a la institución responder a las reclamaciones de Cárdenas en un término de 48 horas. El 11 de enero, la institución respondió a las inquietudes. No obstante, Cárdenas y un juez municipal de Pereira consideraron que no se había respondido a la solicitud de información sobre cómo se ponderaron esas respuestas que cambiaron de calificación en el puntaje final.
Y, por ello, el 22 de enero, la jueza solicitó una respuesta completa al fallo de la tutela, pero, llegado el 30 de enero, la jueza determinó que no se le había dado el cumplimiento deseado e inició un proceso por desacato contra funcionarios del Politécnico Grancolombiano.
Desde ese momento, la institución universitaria ha indicado que no incurrió en desacato y aclaró, a través de un comunicado, que en varias ocasiones le habrían recalcado a la candidata y al juzgado que tras revisar la calificación de las preguntas determinaron que varias respuestas de Cárdenas habría sido equivocadas, por lo cual no varió el puntaje.
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No obstante, ahora el Juzgado Cuarto Penal de Pereira resolvió que Juan Fernando Montañez, como representante legal de la institución universitaria, y Jaime Alberto Sarmiento, como suplente, debían ser arrestados durante cinco días en las instalaciones de la Policía. Además, les impuso una multa de cinco salarios mínimos mensuales.
Ahora, tras revisar la decisión de primera instancia, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira resolvió confirmarla, de forma parcial, en contra de Montañez y de Sarmiento, “por desacato a la sentencia de tutela proferida por ese despacho (Juzgado Cuarto) el 9 de enero de 2024”. Se dice parcial, porque aunque ratificó la decisión del arresto, modificó el número de días que ambas personas deben cumplirlos y los pasó de cinco a tres. Además, la multa pasó de cinco a un salario mínimo legal mensual vigente.
Sobre estos hechos, también se supo que en la decisión de primera instancia se decidió enviar copias del proceso a la Fiscalía General de la Nación para que esta determine si los investigados incurrieron, presuntamente, en el delito de fraude a la resolución judicial.
El Politécnico Grancolombiano se pronunció al respecto, y aseguró que sí acataron el fallo comunicándole al Concejo Distrital de Medellín, tal como consta en comunicación oficial este 19 de febrero, que se debían “dar como correctas las preguntas 13, 20, 30 y 101 de la prueba escrita de la concursante y actual Personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas Sepúlveda, sin que esto signifique que la institución comparta o esté de acuerdo con lo allí decidido”.
Por esto, según reiteró la institución, “desde un principio” cumplió con el fallo de tutela que ordenaba revisar y realizar las modificaciones en la calificación final de la accionante a los que hubiere lugar en consonancia con los aciertos a verificar.
Y en el mismo comunicado el Politécnico rechazó que el juzgado haya “interpretado” como un desacato “la decisión de la institución universitaria de no cambiar la evaluación de aquellas preguntas que Sandra Lorena Cárdenas respondió de forma incorrecta. Y, con esto, conminan a la institución a cambiar la calificación, en función de la solicitud de la concursante, quien pretende obtener una calificación que la lleve a mejorar su posición en la lista de elegibles al cargo de Personero Distrital de Medellín”.
La institución aclaró que la modificación de las respuestas, de todos modos, “no ubica a la señora Sandra Lorena Cárdenas en el primer lugar en la lista de elegibles, tal y como ella lo ha manifestado a la opinión pública”.
Y finalizaron señalando que, a su juicio, dieron cumplimiento al fallo y que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional “procede el levantamiento de las medidas coercitivas de detención y multa en contra de los representantes legales de la institución. El Politécnico Grancolombiano aclara que considera que esta decisión transgrede el propio ordenamiento jurídico, así como el principio de especialidad llamado a regir frente a las competencias específicas del cargo de Personero de Medellín”.
El concurso de méritos para personero de Medellín terminó con la elección de Mefi Boset Rave, quien resultó ganador luego de que se hicieran reclamaciones a las calificaciones que los concejales de Medellín les pusieron a los candidatos tras la entrevista que le hicieron a cada uno.
En la primera calificación, todos, excepto un corporado, le pusieron calificaciones altas al actual personero William Yeffer Vivas Lloreda, quien hubiera quedado reelegido si no hubiera sido por las fuertes críticas de la ciudadanía que considera que su gestión no fue la mejor ante los escándalos graves que se presentaron en la pasada administración de Daniel Quintero.
Además, a Vivas Lloreda le explotaron escándalos por una presunta red de cambio de favores con contratos para beneficiar a su pareja en otras entidades públicas, así como un supuesto incremento patrimonial excesivo en tres años y presuntas irregularidades en el manejo de viáticos. Este último tema está bajo la lupa de la Procuraduría, pero aún no se han confirmado resultados de fondo sobre presuntas faltas cometidas.
