El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, pidió cancelar la sesión ordinaria de la junta directiva del Metro de Medellín programada para este miércoles 13 de diciembre, en la que podría intentarse nuevamente sacar al gerente de esa empresa Tomás Elejalde.
Alegando la existencia de posibles conflictos de interés en cinco de los miembros de ese órgano y el inicio de una vigilancia por parte de la Procuraduría General de la Nación, el mandatario seccional planteó que dicha sesión no debería realizarse para evitarle líos jurídicos a esa entidad.
En contexto: Al final la Alcaldía tuvo que cancelar la junta extraordinaria en la que buscaba tumbar al gerente del Metro
La solicitud quedó plasmada en una carta de dos páginas que fue dirigida a los otros ocho miembros de la junta, que, cabe recordar, está integrada por dos representantes de la Gobernación de Antioquia, dos de la Alcaldía de Medellín y cinco del Gobierno Nacional (dos delegados de Ministerios y tres miembros independientes).
En dicha misiva, Gaviria arrancó reseñando haber recibido a su vez una comunicación por parte del gerente Elejalde, en la que este le habría pedido considerar “cancelar o aplazar” la junta de este miércoles.
Dentro de los argumentos esgrimidos por Elejalde en su pedido está, en primer lugar, la existencia de un posible conflicto de interés entre varios integrantes de la junta, que incluso ya fueron recusados desde el Congreso de la República.
Le puede interesar: Recusan a cinco miembros de la junta del Metro para que no voten remoción de Elejalde
Según se conoció a comienzos de este mes, esos presuntos conflictos se ciernen principalmente sobre dos de los tres miembros independientes nombrados por el gobierno del presidente Gustavo Petro y tres delegados de la Alcaldía de Medellín (incluido un suplente).
Por el lado de Petro, los dos casos más problemáticos los encabezan Sebastián Hinestroza Arango y Juan Carlos Tafur Hernández, ambos con vínculos contractuales con la Alcaldía de Medellín durante la administración del exalcalde Daniel Quintero.
Mientras Hinestroza ejerce como representante legal de la empresa Megaproyecto Vial Siglo XXI, que este año se quedó con un controvertido contrato de pavimentación por $65.026 millones (que fue cedido por una empresa que ni siquiera empezó los trabajos, en medio de alertas de los entes de control), Tafur Hernández ha recibido contratos directos por $223 millones en 2023, en dependencias como Ruta N y la Secretaría Privada de la Alcaldía.
El más reciente de ellos fue firmado precisamente con esa última entidad, entonces a la cabeza del destituido exsecretario Juan David Duque, por una cuantía de $11 millones y que tenía un plazo de ejecución cuatro meses, que culminarían el 30 de diciembre de este año.
Por el lado de la Alcaldía, los conflictos de interés vendrían por cuenta del alcalde encargado Óscar Hurtado, el secretario de Planeación, Alejandro Muñoz, y el secretario de Movilidad de Medellín, Juan Carlos Torres Ojeda.
En el caso de los tres, su lazo problemático radica en su papel en la demanda que instauró el Metro en diciembre de 2022 contra la Alcaldía luego de que esta se colgara en los pagos del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).
Lea también: Concejo aplicaría moción de censura al alcalde encargado de Medellín para que no esté en la junta del Metro
Dado que dicha demanda fue aprobada por el mismo Elejalde, en un proceso en el que los tres han participado directa o indirectamente, el conflicto de interés vendría por cuenta de que en las juntas podría discutirse precisamente la remoción de Elejalde, en una movida que podría incidir en el curso del proceso.
Todos estos cinco casos terminaron derivando en una recusación que la semana pasada formuló el representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Darío Cadavid Márquez, del partido Centro Democrático.
“Teniendo en cuenta el vínculo contractual de estos miembros con la Alcaldía de Medellín, se configura una falta de objetividad y una situación en la que ambos miembros de Junta Directiva, por razón de sus vínculos contractuales y económicos, se enfrentan a distintas alternativas de conducta, por cuanto sus intereses particulares o de terceros a los que representa o respecto de los cuales tiene algún interés o vínculo, puedan prevalecer sobre los de la Empresa”, expresó por ejemplo Cadavid en la recusación que instauró contra Hinestroza y Tafur.
“Al momento de presentarse la demanda, el hoy alcalde encargado y miembro de Junta Directiva, Óscar de Jesús Hurtado Pérez, fungía como secretario de Hacienda, es decir, era el funcionario que tenía a su cargo la gestión de los recursos, especialmente lo relacionado con el FET; por su parte, el secretario de Movilidad es el encargado de supervisar el contrato CN2011-0008 y ejecutar el mismo”, argumentó también Cadavid en los casos de los miembros de la Alcaldía.
Aludiendo esas recusaciones, el gobernador Gaviria reseñó en su carta que Elejalde también le señaló que la entidad recibió el pasado 5 de diciembre una comunicación por parte de la Procuraduría General de la Nación, en la que ese ente no solo le advirtió que había iniciado una vigilancia preventiva a la junta directiva, sino que le solicitó una constancia de que las recusaciones formuladas en contra de esos cinco miembros ya estuvieran resueltas.
Con base en ese contexto, Elejalde señaló que la empresa había dispuesto de un plazo de cinco días hábiles para que los recusados se pronunciaran sobre esos presuntos conflictos de interés, con miras a evitar conductas que podrían tener responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias.
Dichos cinco días hábiles habrían empezado a correr desde el pasado lunes 11 de diciembre.
Según añadió Gaviria en su carta, a raíz de ese lío, no habría condiciones jurídicas para que la junta sesione.
“Teniendo en cuenta la situación expuesta por el Gerente General del Metro de Medellín, lo dispuesto en el inciso del artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 sobre la suspensión de la actuación en la que interviene el servidor recusado y que la decisión de las recusaciones recae en la Junta de Socios, no veo condiciones jurídicas para la realización de la reunión de la junta directiva del próximo 13 de diciembre”, dijo Gaviria.
“En este sentido, pongo a consideración de ustedes la propuesta de aplazamiento de la reunión (...) hasta tanto se decidan los trámites jurídico-administrativos correspondientes”, añadió Gaviria.
Durante las primeras horas de la tarde de este martes, el Metro aún no había informado si, tras la solicitud de la Gobernación, la sesión programada para este miércoles fue reagendada.
Regístrate al newsletter