La muerte del niño Sergio Andrés Pérez Carrascal, de 5 años, ocurrida hace 10 años en una vivienda del centro de Medellín, le trajo una nueva condena al sargento retirado del Ejército, Richard Antonio Pérez. Además de estar pagando 33 años y 4 meses por su asesinato, le sumaron otros 15 años más por el delito de tortura agravada contra el menor, quien era su hijo adoptivo.
Así lo dio a conocer el ente acusador, que, con base en las evidencias recopiladas, encontró culpable al militar retirado por los hechos de violencia que sufrió el menor, además de haberlo separado de su madre durante los últimos tres años de su vida y de alejarlo de cualquier contacto con otros niños.
Lo alejó de su mamá
Según las investigaciones, el 18 de junio de 2013, el sargento (r) Pérez se llevó al menor mediante engaños a Granada, Meta, para obtener su custodia, pese a que no era su padre biológico. A partir de este momento, su madre intentó recuperarlo, o al menos sostener contacto con él, pese a que no tuvo éxito.
Yeraldín Carrascal Atencio, madre del menor, relató en una entrevista a Qhubo Medellín el 10 de febrero de 2016, la difícil situación que vivió con su hijo desde el 7 de diciembre de 2013, cuando lo vio por última vez, antes de que el militar los separara.
“Ese día yo le permití compartir con el niño por un permiso que le dieron en el Ejército. Al otro día fui a la casa donde él se estaba quedando y una señora me dijo que él estaba paseando con el niño. Ya después me dijo que otro día me lo llevaba y así me tuvo. Me suplicaba que no lo‘ encochinara’ y yo por temor no lo hacía, pero al ver que no me lo devolvía, empecé a ir a Bienestar Familiar”, relató la progenitora.
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Sin vínculo con otras personas
Pero además de tenerlo distanciado de su madre, se conoció que desde octubre de 2015, Sergio Andrés no tuvo contacto con cuidadores y tampoco volvió a salir a la calle. Desde entonces estuvo encerrado en una vivienda del conjunto residencial Sol de Villanueva, en el centro de Medellín, sin tener vínculo con personas distintas a él.
Incluso los vecinos del sector donde residía el sargento (r) Pérez con el menor, aseguraron en su momento que la primera vez que lo vieron con su hijo adoptivo fue cuando lo sacó inconsciente para el hospital, pero nunca antes vieron que saliera con él a otro lugar.
“No nos percatamos de que el niño vivía allí, debido a que nunca se le vio llevarlo a una escuela o a una guardería. Nunca se le vio entrar a una tutora o alguien que lo cuidara”, señaló un vecino de la edificación en cuestión. Otro aseguró que nunca dejaba ingresar a nadie a la propiedad, en la que vivió durante seis meses.
El crimen
A esto se sumaron los golpes que le propinaba de manera recurrente y los problemas de alimentación que tenía el menor, los cuales se agudizaron con el paso de los días. Pero el 6 de febrero de 2016, la violencia contra el menor se desbordó y le propinó una golpiza de tales dimensiones que le provocó lesiones en los intestinos, el baso, el páncreas y los riñones.
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Debido a que el menor ya no reaccionaba, el militar retirado lo llevó a la Clínica Medellín, en la sede que quedaba en el centro de Medellín, sobre las 9:30 de la noche de ese sábado, asegurando que el niño se sentía mal de un dolor estomacal.
Cuando los investigadores judiciales realizaron la inspección judicial, encontraron que el menor tenía, además de las lesiones internas, fractura en el fémur izquierdo, laceraciones y múltiples hematomas por todo el cuerpo.
Al determinar que la muerte del menor se trató por un asesinato, el 10 de febrero de 2016 la Policía lo capturó y dos días después fue enviado a prisión por los delitos de homicidio agravado y uso arbitrario de la custodia del menor.
El 13 de agosto de 2019, el Juzgado 29 Penal del Circuito de Medellín lo condenó inicialmente a 33 años y 4 meses de prisión a este militar, de 46 años, y quien al momento de los hechos estaba adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército. Pero esta sentencia, el 17 de julio de 2020 aumentó a 36 años y ocho meses de prisión.
Ahora serán otros 15 años que deberá purgar este militar (r), debido a los actos de violencia contra el menor que vivió durante los dos últimos años de su vida.
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