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Partieron la plata en 11 contratos para entregar a dedo arreglo de colegios públicos de Medellín
Los $319.047 millones que obtuvo la Alcaldía por parte del Concejo se están gastando en contratos directos de la EDU.
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Aspecto del colegio Marco Fidel Suárez en marzo pasado, uno de los que arrastra problemas de infraestructura desde hace varios años. FOTO ESNEYDER GUTIÉRREZ
19 de abril de 2023
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Aprovechando intrincados modelos contractuales y amparándose en la letra menuda de los manuales, la Alcaldía de Medellín está entregando a dedo los millonarios contratos para reparar las instituciones educativas de la ciudad, inmersas en una crisis de infraestructura, para lo cual el Concejo autorizó entregar $319.047 millones de vigencias futuras.
La alerta fue realizada recientemente en esa corporación por cuenta del concejal opositor Alfredo Ramos Maya, que tras analizar docenas de contratos no solo denunció que la Secretaría de Educación estaría incurriendo en altos costos administrativos, sino que estaría aprovechando las normas que regulan a los entes descentralizados del Distrito para evitar hacer licitaciones públicas y asignar los contratos de forma directa.
Las claves de la denuncia
Aunque la modalidad por excelencia para realizar contratos es la licitación pública, que garantiza que cualquier interesado pueda postularse y que las ofertas que evalúan las entidades sean más competitivas, la Secretaría de Educación decidió tercerizar esa contratación para reparar los colegios de Medellín.
Tal como ha ocurrido con otras dependencias de la Alcaldía, como por ejemplo fue el caso del Inder y Metroparques en la reparación de los escenarios deportivos, la Secretaría de Educación optó por encauzar los millonarios recursos para los colegios a través de un convenio interadministrativo firmado con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).
A diferencia de cualquier otra secretaría, esta última institución hace parte del conglomerado de entes descentralizados del distrito, cuya ruta rectora para la firma de contratos es su manual de contratación interno.
En este punto es que la historia se vuelve interesante, ya que como lo registró este diario en octubre de 2021, la EDU decidió aprobar un manual de contratación, que, entre otras cosas, le permitió subir el monto máximo permitido de recursos para hacer contratos por invitación privada; es decir, seleccionar unilateralmente a las empresas que pueden hacer parte de un proceso de contratación.
Antes de agosto de 2021 ese límite estaba en 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) y, luego del cambio de manual impulsado por esta Alcaldía, el tope pasó a 10.000 smmlv. En plata blanca, de acuerdo con los valores de ese año, fue un salto de tener un techo en $580 millones a ponerlo en $11.600 millones.
“Estas entidades (descentralizadas) son simplemente máquinas de contratación, para que con sus propios estatutos contractuales se brinquen la Ley 80, se brinquen los principios generales de la contratación, se brinquen las normas de licitación pública. Por eso están creadas la EDU, la ESU y Metroparques”, planteó el concejal Ramos, reprochando al mismo tiempo que, previendo esa maniobra, varios concejales del bloque opositor habían pedido que para entregar las vigencias futuras se le pusiera la condición a la Alcaldía de no tercerizar esos contratos.
Aprovechando ese margen de la EDU, la Secretaría de Educación firmó en noviembre de 2022 el convenio 4600095806, que entregó la potestad a esa empresa de escoger a su arbitrio los contratistas que repararán los colegios. De acuerdo con un análisis publicado por Ramos, por ahora el único que agrupa los contratos en curso (la EDU aún no se pronuncia), hasta esta semana el presupuesto de esa entidad comprendía al menos 21 grandes contratos, de los cuales 11 ya habían sido lanzados por invitación privada.
Además de cuestionar que con ese modelo los costos administrativos se llevaron el 10% del total de los recursos comprometidos (es decir, $33.092 millones que no irán directamente a obra), el corporado alertó además que varios de esos procesos por invitación privada se estaban declarando desiertos, lo que a su vez le daría margen a la EDU para entregarlos de forma directa a la entidad que a bien tenga.
Pese a que la alerta más reciente se produjo en el Concejo, estos “superpoderes” de la EDU ya habían despertado preocupación en el pasado, sobre todo en agremiaciones como la Cámara Colombiana de la Infraestructura en Antioquia, que no solo advirtió que el nuevo manual de esa entidad se prestaba para evitar controles, sino que daba luz verde para adicionar y ampliar sin límites claros los contratos firmados.
Para conocer su versión sobre estos cuestionamientos y tener un reporte ampliado de los criterios técnicos con los que la EDU está escogiendo a los contratistas que reparan los colegios, EL COLOMBIANO solicitó una entrevista y envió un cuestionario a la entidad. Al cierre de esta edición no hubo respuesta de la empresa.
Las respuestas de la Empresa de Desarrollo Urbano (actualización 18 de mayo de 2023)
El pasado miércoles 26 de abril, una semana después de la publicación de este artículo, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) contestó a las preguntas remitidas por EL COLOMBIANO a través de un oficio firmado por su gerente general Raúl Eduardo Morales Vallejo.
Al la pregunta sobre cuántos contratos se han firmado en el marco del convenio interadministrativo firmado con la Secretaría de Educación, la EDU señaló que corte a ese 26 de abril se estaban estructurando por lo menos 21 contratos divididos en tres componentes: mantenimientos integrales, mantenimientos generales y restitución parcial.
Mientras por el lado de los mantenimientos integrales se tenían estipulados 7 contratos de obra, por los mantenimientos generales se tenía estipulado un mínimo de 12 contratos de obra (de los que 4 ya habían sido firmados, 4 estaban en estructuración y otros 4 estaban en revisión presupuestal).
Por el lado de la restitución parcial, la entidad precisó que se contemplaban 2 contratos de obra, que aún no habían sido firmados, ya que apenas se estaría haciendo la gestión de estudios y diseños de obras.
A la pregunta sobre por qué la entidad encontraba más apropiado utilizar la modalidad de invitación privada a la de licitación pública, la empresa se mantuvo en que, al ser una empresa comercial e industrial del estado (Eice), tenía toda la potestad de hacerlo con base en lo dispuesto en su manual de contratación.
“La EDU, como empresa industrial y comercial del Estado, aplica en materia de contratación un régimen exceptuado; esto es, no se rige por el Estatuto de Contratación de las entidades públicas, sino por el derecho privado y por su propio Manual de Contratación, el cual prevé varias modalidades de contratación, entre las que se encuentran la invitación privada”, expresó la entidad, refiriéndose a lo planteado por el concejal Ramos y sosteniendo que no se rige por la Ley 80.
En el cuestionario, la entidad insistió en estar escogiendo “las personas naturales y jurídicas” más idóneas y al ser interrogada sobre qué respondía ante los cuestionamientos que apuntan a que no estaría garantizando la pluralidad en la selección de los contratistas volvió a remitirse a su manual de contratación.
“Se reitera que, la Entidad adelanta los procesos de contratación dentro del marco regulado en su Manual de Contratación”, expresó la EDU.
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