Ahora viene la ejecución del Plan de Desarrollo

El Presidente Iván Duque sancionó en Valledupar la hoja de ruta a cuatro años, es decir, a 2022. Falta la revisión de la Corte Constitucional.

El presidente Iván Duque firmó el PND en el taller 32 de Construyendo País y aseguró que este es un plan de reactivación económica con legalidad, equidad y emprendimiento. FOTO cortesía sig

Es momento de no olvidar el 25 de mayo de 2019, porque ese día en Valledupar, el presidente Iván Duque, selló la hoja de ruta que trazará su mandato hasta 2022, que se deberá vigilar en lo que resta de su gestión.

Aunque todavía queda la revisión de la Corte Constitucional —y hay quienes consideran que hay vicios de procedimiento que la pueden hacer caer— hasta que no se surta este trámite, que puede demorar uno o dos meses, se puede hablar de una victoria del mandatario.

Para Duque, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, como se denomina el documento, se debe construir entre todos con “una visión de presente y futuro”.

El Plan Nacional de Desarrollo estima un valor de 1.096,1 billones para llevar a cabo las iniciativas que están enmarcadas en 349 artículos (de los cuales 11 fueron eliminados y solo uno no aprobado, el 54, para un total de 337).

Si se mira la distribución de esos recursos por pactos o pilares planteados por el gobierno: la equidad incluye 510,1 billones; legalidad, 132,7 billones, y emprendimiento, 27,1 billones.

Antioquia quedó con una partida de 96 billones de pesos, de una asignación departamental tasada en 851,9 billones; la segunda más relevante después de Bogotá, capital del país y a la que le correspondieron 119,6 billones de pesos.

Viene la implementación

El senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, explicó que aspectos tributarios, sobretasas y contribuciones se deben expedir con decretos reglamentarios y que sean las mismas entidades las que tomen en liderazgo para implementar lo que sea de su resorte.

“Hay algunos programas que están en las bases del PND y forman parte de sus metas, que ya están en marcha. Se esperaría que se comiencen a ver pronto resultados de esas iniciativas que no necesitarían mayor reglamentación”, dijo Juan Manrique, asesor tributario del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Desde la perspectiva de Aguilar, los artículos referidos a la crisis de Electricaribe, específicamente la sobretasa de $4 por kilovatio hora, para los estratos 4, 5 y 6 (vigente y hasta el 31 de diciembre de 2022) serán unos de los más complejos de reglamentar dado que muchas entidades tienen que ver ahí: Ministerio de Minas y Energía, Medio Ambiente y la Superintendencia de Servicios Públicos y Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Esto también sucede con lo referente a la formalización minera y rural, en el último caso con la cédula para “promover la inclusión financiera, controlar el otorgamiento de créditos, subsidios, incentivos o apoyos estatales”.

Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara del Centro Democrático y por Antioquia, sostuvo que aspectos como los aranceles a los textiles ya entran en vigor, así como el fortalecimiento de los Beneficios Económicos Periódicos (Beps).

Lo importante, dijo, es que “entra una nueva ley que no es milagrosa porque todo el mundo supone que las leyes transforman las realidades y no, sino quienes las aplican”, dijo Pérez.

Y para León Fredy Muñoz, representante a la Cámara del Partido Verde por Antioquia, hay una amplia expectativa sobre lo que pueda decir de algunos artículos la Corte por ser incluidos cuando se requería otro tipo de trámite o al analizar el poco estudio que significó dado que el Senado acogió enteramente el texto de la Cámara.

Los artículos más problemáticos desde su perspectiva incluyen los dedicados a aspectos pensionales, los bajos impuestos a multinacionales extractivistas y haberle abierto la puerta al fracking.

Seguimiento a las metas

Para Manrique, este plan tiene metas ambiciosas en varios frentes y “el gran reto va a ser llevarlas a cabo en el tiempo que resta”. El experto recordó que “el seguimiento a las metas del de PND lo realiza el Departamento Nacional de Planeación a través de una batería de indicadores, que son públicos. “Es muy importante la veeduría ciudadana para verificar que efectivamente se estén realizando las tareas respectivas”, concluyó Manrique.

Las metas son: aumentar el crecimiento económico de 3,3% a 4,1%, crear 1,6 millones de empleos, sacar a 3 millones de colombianos de la pobreza, a 1,5 millones de la pobreza extrema y a 2,5 millones de personas de pobreza multidimensional; alcanzar una mayor productividad (pasar de 0,65% a 1,1%) y una mayor inversión (pasar de 22% a 25,7%) .

1,6

millones es la meta de creación de empleo del Plan Nacional de Desarrollo.