Según la Asociación Colombiana de Minería, hay preocupación porque los decretos ponen en riesgo el desarrollo de la actividad minera que hoy representa el 57% del PIB de ese departamento.
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) lanzó este miércoles un duro pronunciamiento sobre los efectos adversos que podrían tener los decretos de emergencia emitidos para La Guajira por parte del Gobierno Nacional.
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Del paquete de medidas expedidas que buscan hacerle frente a la crítica situación social y económica que vive el departamento, el gremio minero hizo especial énfasis en el Decreto 1227 de 2023.
Entre otras cosas, en este se declaran “las fuentes hídricas del departamento de La Guajira como de protección especial, cuya destinación prioritaria será el consumo humano y doméstico”.
Por esto prohibe adicionar o prorrogar contratos de concesión minera o autorizar expansiones, ampliaciones o nuevos frentes de explotación de los proyectos de minería de carbón existentes.
Así mismo, elimina la posibilidad de desarrollar nuevas actividades de exploración o explotación de minería de carbón sobre zonas de recarga de acuíferos o que impliquen la remoción de capas del acuífero.
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“Las anteriores prohibiciones se mantendrán hasta tanto se realice la Evaluación Ambiental Estratégica del Departamento de La Guajira, en la que se definirán las áreas de exclusión y restricción minera (...)”, se lee en el decreto.
Lo que dice la ACM
En tal sentido, el gremio minero en cabeza de su presidente, Juan Camilo Nariño, aseguró que los decretos emitidos son muy amplios en cuanto a su aplicabilidad y conllevan “la modificación y desconocimiento de instrumentos ambientales ya otorgados, lo que puede generar arbitrariedades y afectar la seguridad jurídica de las actividades productivas y empresariales”.
Además, dijo, se incluyen medidas que buscan modificar el ordenamiento territorial privilegiando unas actividades productivas sobre otras, sin ningún criterio técnico.
“Expresamos nuestras inquietudes por el uso indiscriminado de la figura de Estado de Emergencia en el Decreto Legislativo No 1085 de 2023, ya que, observamos que los criterios constitucionales de excepcionalidad y proporcionalidad no fueron debidamente acreditados en el decreto mencionado”, se lee en otro apartado.
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Si bien la ACM reconoció que las razones detrás de la declaración de emergencia son trascendentales, mencionó que no son a causa de las actividades productivas. Por ende, subrayó, “los decretos con fuerza de ley emitidos en este contexto deben estar justificados y relacionados con la crisis en cuestión y no usarlos para transgredir los proyectos y operaciones existentes en el departamento”.
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