En Colombia solo tres de cada 10 campesinos asalariados, es decir que prestan sus servicios a una organización, cuentan con un contrato laboral legal que garantice sus derechos y represente prestaciones sociales como las del área urbana.
La revelación es del director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina, José Manuel Salazar, quien presentó esta semana en Bogotá el informe de situación laboral en las zonas rurales de América Latina.
Ante la contundencia del dato, Salazar sugiere que, de cara al posconflicto, y pese a la incertidumbre que ronda el futuro de los acuerdos, es importante que estos tengan gradualidad, así como periodos largos de apertura y se puedan articular con diferente políticas que corrijan el desbalance entre lo rural y lo urbano.
“Hay que ser conscientes de que el mundo es cada vez más globalizado, entonces es esencial la formación y el desarrollo en vías e industria para el aumento de la productividad”, comentó Salazar en declaraciones al diario La República (ver Dicen de...).
Experiencias novedosas
Según el estudio, la pobreza en las áreas rurales de América Latina pasó de 29,8 a 23,8 % en los últimos 34 año, y aunque el resultado muestra una reducción, aún es muy lenta en comparación con las zonas urbanas (ver gráfico).
No obstante, se destacaron algunos planes positivos adelantados en la región.
Bolivia, por ejemplo, ha hecho un muy buen trabajo en proteger los derechos de los trabajadores del campo, pues allí 80,3 % de los campesinos asalariados cuentan con contratos escritos que garantizan la estabilidad de sus condiciones actuales.
“Es importante desarrollar unas políticas clúster que mejoren la competitividad de las regiones. Hay un caso en particular que nos llama la atención y que se puede tomar como modelo y es el del País Vasco, que manejó muy bien este tipo de políticas”, añadió.
Al lento desarrollo de zonas rurales en América Latina, la OIT sostiene que la firma y aplicación de tratados comerciales internacionales resultan lesivos, pues se exige una mayor competitividad por parte de los países, con infraestructuras que son inexistentes en las naciones para acceder a nuevos mercados.
