La empresa que administra la Catedral de Sal de Zipaquirá (Sociedad Catedral de Sal S.A.) será investigada por una presunta práctica anticompetitiva de ventas atadas. Eso, tras hallarse indicios de que se obliga a los turistas a comprar “pasaportes” con servicios adicionales en lugar de permitir la adquisición individual de la entrada, limitando así la libre elección y generando posibles sobrecostos.
Así lo explicó en un comunicado la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La entidad busca establecer si el acceso al templo se está condicionando a la compra de paquetes que incluyen servicios adicionales, lo que impediría a los visitantes adquirir únicamente la entrada al complejo.
Para avanzar en el proceso, la autoridad realizó requerimientos de información a la empresa, visitas administrativas en terreno y toma de declaraciones durante la etapa preliminar.
¿En qué consistiría la práctica de ventas atadas?
De acuerdo con la investigación, la administración del complejo, aprovechando su reconocimiento como destino cultural, histórico y turístico, habría implementado un esquema de comercialización mediante “pasaportes”.
Estos paquetes obligarían a los consumidores a adquirir servicios extras junto con la entrada, sin posibilidad de elegir de forma individual los productos que desean.
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Entre los servicios incluidos se encuentran visitas guiadas dentro del templo, acceso a internet, ingreso a la Casa Museo Quevedo Zornoza, entrada al Museo Arqueológico de Zipaquirá y transporte mediante el tren de salida.
La imposibilidad de comprar únicamente el acceso al recinto constituye el núcleo de la investigación, ya que podría configurar un presunto abuso de posición de dominio por venta atada.
¿Cómo se verían afectados los consumidores?
Según la Superintendencia, esta práctica podría limitar la libertad de elección de los visitantes, quienes se verían obligados a pagar por servicios que no necesariamente requieren para su experiencia en la Catedral.
La situación implicaría que el servicio principal —el ingreso al templo— estaría subordinado a la adquisición de servicios adicionales que no hacen parte esencial del objeto del negocio.
Además, las pruebas recaudadas indican que cerca del 50% de los turistas que compran estos pasaportes utilizan efectivamente los servicios incluidos, lo que sugiere que muchos de ellos no son indispensables.
Este escenario reforzaría la hipótesis de que la inclusión obligatoria de estos servicios podría generar sobrecostos para los consumidores.
¿Qué sigue en la investigación?
Con la apertura formal del proceso, la entidad reiteró su compromiso con la protección de la libre competencia en el sector turístico y la defensa de los derechos de los consumidores.
La empresa investigada podrá ejercer su derecho de defensa mediante la presentación de descargos, solicitud de pruebas y ofrecimiento de garantías.
La actuación se produce en un contexto de crecimiento sostenido del turismo en Colombia. Entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, el país recibió 14,8 millones de visitantes extranjeros, consolidándose como uno de los 20 destinos más dinámicos a nivel global.
Este escenario aumenta la importancia de garantizar condiciones transparentes en la prestación de servicios turísticos, tanto para visitantes nacionales como internacionales, en línea con la estrategia de promoción de Colombia como “El País de la Belleza”.
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