Aunque no hay cifras locales de en cuánto se estima que impacta la falsificación y la usurpación de marcas en Colombia, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) presentó el estudio cualitativo Caracterización del comercio ilegal de productos de consumo masivo en Colombia, en siete sectores económicos y halló con preocupación que esta situación afecta a marcas líderes y las plataformas digitales tienen un papel protagónico en su comercio ilegal.
“Este es el nuevo mercado, de punto de crecimiento tanto para la economía legal como ilegal y Colombia es un país en el que el control a estas innovaciones es muy bajo, incluso hay países en donde los medicamentos no se pueden vender a través de estos canales”, aseguró Daniel Rico, economista de la Universidad Nacional y director de C-Analisis, tras realizar el análisis en sectores como alimentos, medicamentos, bebidas alcohólicas, entre otros, a través de 48 entrevistas a empresas afectadas, la policía judicial y asesores jurídicos.
El analista aseguró que en “Colombia hacer una página falsa, cerrarla tras una denuncia y volverla a abrir es muy fácil, acá hay una necesidad de entender que las aduanas y las autoridades tendrán en las plataformas de comercio los grandes escenarios de ejercicio de control”.
Además, sostuvo Esteban Giudici, asesor de Política de Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (Tracit), “a partir de la pandemia el comercio electrónico y la publicidad engañosa se han visto exacerbados y con ello los ilícitos comerciales, entonces se necesita avanzar en regulación”.
La atención, dijo Rico, debe estar puesta no solo en dar golpes policivos, sino en la distribución de estos productos a través de canales en los que se combina la falsificación o adulteración con productos originales, que pueden afectar la salud de las personas, además del impacto económico que puedan significar.
Este problema no es solo de Colombia, de hecho, afecta al mundo. Frontier Economics estimó, en su reporte de 2016, que para 2022 el valor total global de la piratería y la falsificación de productos estaría entre 1,9 billones de dólares y 2,81 billones de dólares mientras que los empleos perdidos por cuenta del flagelo estarían entre 4,2 millones y 5,4 millones, al tiempo que el impacto en el Producto Interno Bruto - PIB - estaría entre 30.000 millones de dólares y 54.000 millones de dólares.
