La posibilidad de que el Gobierno Nacional expidiera el Plan Nacional de Desarrollo (PND), por medio de un decreto, fue descartada ayer cuando al primer debate asistió el quorum suficiente para que se iniciaran las votaciones de la ponencia compuesta por 311 artículos, de los cuales 129 fueron agregados esta semana, incluyendo el de vigencias y derogatorias.
El ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, como se le conoce a la carta de navegación del presidente Iván Duque y que contempla inversiones por 1.096 billones de pesos en el territorio nacional para los próximos cuatro años, fue radicado por el Gobierno ante el Congreso el pasado 6 de febrero y solo tiene hasta el 7 de mayo para ser aprobado por el legislativo momento desde el cual se dará la sanción presidencial (ver ¿Qué sigue?).
Tanto el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como Gloria Alonso, directora del Departamento Nacional de Planeación, mostraron su beneplácito por el resultado: “ha sido un trabajo juicioso y serio, que ha tenido una buena respuesta”. Con este plan, recordó Carrasquilla, el país podrá lograr un crecimiento con tasas superiores al 4,5 %, incrementar la productividad de 0,65 % a 1,1 % y la inversión de 22 % a 25,7 %.
21 fueron los artículos que se consideraron controversiales por lo que requirieron votación unánime. Y otros cuatro adicionales se votaron individuales. Entre ellos están los que otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República (297-305), para reestructurar jerárquica y funcionalmente las instancias de dirección que requieran norma con fuerza de ley “para realizar las modificaciones presupuestales necesarias para apropiar los gastos de funcionamiento e inversión” para esas facultades extraordinarias”.
Así mismo, el 193 que abre la posibilidad de que los privados construyan y operen cárceles; el artículo 52 que da vía libre a autorizar vigencias futuras ordinarias o excepcionales para las regiones y el 223 en la misma vía, pero para proyectos de asociación público privados
También quedó la posibilidad de trasladar los dineros del Sistema General de Participaciones, en su componente de salud a la Unidad de Pago por Capitación, que es la plata que el Gobierno le da a las EPS. Es decir, se los quitaría a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para entregárselos a las prestadoras de salud y el de generación de energía con fuentes no convencionales (106).
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