La posibilidad de que el Gobierno Nacional expidiera el Plan Nacional de Desarrollo (PND), por medio de un decreto, fue descartada ayer cuando al primer debate asistió el quorum suficiente para que se iniciaran las votaciones de la ponencia compuesta por 311 artículos, de los cuales 129 fueron agregados esta semana, incluyendo el de vigencias y derogatorias.
El ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, como se le conoce a la carta de navegación del presidente Iván Duque y que contempla inversiones por 1.096 billones de pesos en el territorio nacional para los próximos cuatro años, fue radicado por el Gobierno ante el Congreso el pasado 6 de febrero y solo tiene hasta el 7 de mayo para ser aprobado por el legislativo momento desde el cual se dará la sanción presidencial (ver ¿Qué sigue?).
Tanto el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como Gloria Alonso, directora del Departamento Nacional de Planeación, mostraron su beneplácito por el resultado: “ha sido un trabajo juicioso y serio, que ha tenido una buena respuesta”. Con este plan, recordó Carrasquilla, el país podrá lograr un crecimiento con tasas superiores al 4,5 %, incrementar la productividad de 0,65 % a 1,1 % y la inversión de 22 % a 25,7 %.
21 fueron los artículos que se consideraron controversiales por lo que requirieron votación unánime. Y otros cuatro adicionales se votaron individuales. Entre ellos están los que otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República (297-305), para reestructurar jerárquica y funcionalmente las instancias de dirección que requieran norma con fuerza de ley “para realizar las modificaciones presupuestales necesarias para apropiar los gastos de funcionamiento e inversión” para esas facultades extraordinarias”.
Así mismo, el 193 que abre la posibilidad de que los privados construyan y operen cárceles; el artículo 52 que da vía libre a autorizar vigencias futuras ordinarias o excepcionales para las regiones y el 223 en la misma vía, pero para proyectos de asociación público privados
También quedó la posibilidad de trasladar los dineros del Sistema General de Participaciones, en su componente de salud a la Unidad de Pago por Capitación, que es la plata que el Gobierno le da a las EPS. Es decir, se los quitaría a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para entregárselos a las prestadoras de salud y el de generación de energía con fuentes no convencionales (106).
Otros artículos relevantes
Entre ellos el de Beneficios Económicos Periódicos (Beps) que generó tanta controversia pues solo le daba una semana para reclamar el saldo, si no se alcanzaba a cumplir tiempo pensión y trasladaba directamente los recursos a Beps. En este caso el plazo quedó en cuatro meses (117).
Además, fue avalado el artículo 58 que eliminó la posibilidad de las personas de recibir doble pensión por invalidez y por vejez. La norma establece que la persona podrá escoger el que mejor le convenga, para evitar concurrencias.
Fue aprobado el 292, que establece un arancel de 37,9 % a las prendas de vestir cuando el precio declarado sea menor de 20 dólares y el Plan Plurianual de Inversiones, que contempla 96 billones de pesos para Antioquia, así como 16 pilares de inversión. Equidad es el que más recursos tiene previstos, 509,2 billones.
También quedó el artículo que busca darle piso de protección social a personas con ingresos inferiores a un salario mínimo, para que pertenezcan al sistema subsidiado de salud, Beneficios Económicos Periódicos (Beps), y un “seguro inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral”; así como las subvenciones a Satena para “promover el servicio de transporte aéreo a las regiones de difícil acceso, a través del presupuesto del Ministerio de Defensa.
Finalmente, el 35 que le quita facultades al DNP quedó “retirado” es decir puede ser avalado en segundo debate, y lo mismo ocurrió con el que propone que el sistema biométrico de la Registraduría sea la herramienta para verificar a los ciudadanos .
