La nueva forma como se distribuirán los recursos que se generan en el país por la explotación económica de suelos ya quedó lista. Este miércoles el Congreso de la República concilió los textos de la reforma al Sistema General de Regalías (SGR) a la espera de la sanción presidencial para entrar en vigor.
El Gobierno espera tener una mejor repartición de ese dinero para que las regiones que no son productoras puedan acceder a más recursos. Lo que convertiría a la norma en un plan “más equitativo e incluyente”.
Eso quiere decir que serán 800 los municipios que se verán beneficiados en departamentos como La Guajira, Sucre, Magdalena, Nariño, Córdoba y Cesar, entre otros. Vale destacar en este punto que las regiones productoras no verán afectados sus ingresos con la nueva reforma, de hecho para estas aumentará la distribución: pasará del 11 % al 25 %.
Con el cambio, “los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas tendrán más recursos: pasarán de recibir el 10,7 % a un 15 % del total de regalías”. Añadió María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía, que “para los años 2019-2020, las regiones cuentan con más de 24 billones de pesos en regalías, cifra equivalente a más de la mitad del presupuesto anual del sector educación y dos veces el costo del metro para Bogotá” (ver Paréntesis).
Y si bien la redistribución parece ser un buen anuncio, hay una serie de reparos. Como la disminución del ahorro del Estado por la entrega de más dinero, pero también, la falta de control y seguimiento que se pueda hacer sobre el dinero entregado.
“Se está patraseando la reforma de regalías que se hizo famosa por lo que dijo el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry de ‘repartir la mermelada de forma más pareja’. Se vuelve a concentrar en los entes productores”, aseguró José Roberto Acosta, miembro de la Red por la Justicia Tributaria.
¿Cambios sustanciales?
Acosta hizo otro llamado: la pérdida de importancia de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad), que son las entidades para presentar los proyectos en los que se van a usar las regalías. “Se debilitan para que los entes territoriales productores gasten como a bien le parezca. Además, el Estado tendrá menos capacidad de ahorro y la inversión se volverá más regional, lo que llevará a su descentralización”.
Datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) dan cuenta de que de los 1,4 billones pesos girados para 407 proyectos entre enero y marzo de este año, 607.000 millones de pesos han sido aprobados por los Ocad municipales.
Frente a esto el DNP dijo que la reforma no toca en detalle a esos órganos, y una posible modificación se dará más adelante. Pero sí se acepta que algunos funcionan bien, y otros deben mejorar.
Amylkar Acosta, exministro de Minas, explicó que se perdió la oportunidad para cambiar la naturaleza de esas entidades. “Considero que deben repensarse, pues el sistema de los Ocad ha sido un fiasco total. A la vista está que allí se quedaron atorados más de 6 billones de pesos del bienio anterior (2017-2018) sin poderse ejecutar.”
Aún así las petroleras ven en esta reforma una nueva oportunidad para que los recursos se utilicen de mejor manera, y se controle el beneficio que representan. “La reforma es una combinación acertada, que genera equidad”, dijo Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP).
El llamado que hacen desde los gobiernos regionales gira entorno a garantizar la ejecución de los recursos y saber hacerles un seguimiento para mitigar actos de corrupción, así lo explicó Juan Carlos Cárdenas, alcalde electo de Bucaramanga. “El mal para reducir la desigualdad está en acabar con la corrupción. No se trata de que sea más el dinero que llega, se trata de saber utilizarlo”, añadió.
Entre las otras características de la reforma, el Ministerio de Minas y Energía puntualizó que se mantendrá la inversión del 34 % para proyectos de impacto regional (población, pobreza y desempleo). Además, se incrementan del 9,5 % al 10 % los recursos para ciencia, tecnología e innovación.
