Entre las tres grandes calificadoras de riesgo que evalúan a Colombia, solo Moody’s le mantiene el grado de inversión, con una nota “Baa2” y perspectiva negativa, mientras que S&P Global Ratings y Fitch le quitaron esa condición y actualizaron su nota a “BB+”, lo cual le sugiere a los inversionistas que prestarle dinero al país es especulativo, con lo que las tasas a las que lo hacen suben.
Las principales razones de Fitch y S&P son los altos niveles de déficit fiscal –balance entre ingresos y gastos, que este año llegaría a 8,6 % del PIB, según Minhacienda– y de deuda pública, que supera el 60 % del PIB, así como la incertidumbre sobre si ambos bajarán.
Por su parte, Moody’s aguarda para saber qué tanto de dicha situación resolverá el texto final de la tributaria, pero sobre todo espera seguir viendo consensos en torno a esta y a potenciales reformas similares a futuro, dijo Renzo Merino, Vice President - Senior Analyst de Moody’s Investors Service.
“Hay que resaltar que el gobierno colombiano está volviendo a intentar medidas de ajuste fiscal bajo consensos, y eso es importante, la voluntad de aprobarlas. Esperamos que ese siga siendo el caso (...) y que las autoridades lleguen a consensos que podrían ser más estructurales, tal vez fuera de la pandemia. Si no viéramos eso, se podría afectar la calificación”, aseguró el analista soberano de Moody’s para el país, en entrevista con EL COLOMBIANO.
Según él, aunque en el análisis de temas económicos, institucionales, fiscales y posibles fuentes de riesgo Moody’s ve que las fortalezas de Colombia todavía son moderadas al igual que pasa con países en la misma escala de calificación (es decir, Baa1, Baa2 o Baa3), “en los últimos años ha habido un deterioro de la fortaleza fiscal del Gobierno y esto se ha dado, en parte, desde antes de la pandemia, con métricas de deuda que se deterioraron”.
Para la agencia, las trabas para la consolidación fiscal son el gasto, toda vez que Colombia tiene una estructura “bastante rígida” que impide disminuirlo con facilidad, y en segunda medida el hecho de que “la base tributaria del Gobierno Central es mucho más angosta que la de economías de la misma escala, vecinos de la región, e incluso miembros de la Ocde”.
Así, “en 2019 esperábamos que ese deterioro se estabilizara con una recuperación de la expansión económica tras el impacto del (bajo) precio de los commodities años antes, y con la estrategia fiscal que está siguiendo en este momento la administración del presidente Duque, pero vino la pandemia y hay un choque importante al crecimiento y a las cuentas fiscales que ha conllevado a un nuevo deterioro”, resaltó Merino.
Tal situación no es exclusiva del país, también pasa en aquellas economías con una calificación soberana similar, en las que, además, la deuda pública ha incrementado entre 12 y 13 puntos porcentuales como pasa en Colombia; el factor diferencial está en que el territorio nacional se ve “algo más débil” en el terreno fiscal frente a sus pares, subrayó el analista.
La expectativa
Por tanto, “viendo las fortalezas y debilidades, bajo nuestro marco analítico Colombia todavía se ve como un crédito Baa. La pregunta que tratamos de resolver es si se va a detener el deterioro fiscal y eso podría conllevar a que el nivel de Baa2 siga siendo apropiado, o si esperamos que se profundice y conlleve a un nivel de Baa3 y que sea una nueva calificación más acorde”, complementó (ver Claves).
En este sentido, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, expresó que el reto que quedará para el próximo Gobierno es reducir el déficit fiscal de 7 % del PIB –que es la proyección para 2022– a 3 %. “Son cuatro puntos que hay que bajar. Esta reforma va a dar uno, y quedarían tres. No quiere decir que estos tengan que venir de nuevas reformas tributarias, sino que deben llegar de mayores ingresos o de menores gastos”.
Una situación que el actual ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ha puesto en contexto al decir que el proyecto fiscal que cursa en el Congreso, con el que se espera recaudar $15,2 billones, solo es una parte del esfuerzo, pues el próximo paso le corresponderá al nuevo Gobierno.
De hecho, Moody’s piensa que la reciente iniciativa tramitada ante el Legislativo daría un respiro solo por los próximos dos años. “Esperando cuál es la estructura final de la reforma, entendemos que es muy probable que en la forma en que ha sido presentada podría ayudar a que se estabilicen los números de deuda de acá hacia 2023”, describió Merino.
Entonces, para “la gran tarea fiscal” el actual proyecto solo aportaría el 25 %, y tener o no nuevas reformas en los próximos años dependerá de cuánto quiera recortar el gasto el nuevo Gobierno, adhirió el exministro Cárdenas, durante el evento “Riesgo País” organizado por el fondo de pensiones Skandia.
“Lo que yo creo es que bajar el gasto va a ser difícil, porque lo que estamos viendo son propuestas para extenderlo en el tiempo: ampliar Ingreso Solidario y el Programa de Apoyo al Empleo Formal (...)”, sostuvo Cárdenas, y continuó que en la tributaria los ingresos concretos son los $10 billones por impuestos a las empresas, pues el saldo restante es “una expectativa” entendiendo que se prevé obtenerlo de la lucha contra la evasión, la modernización de la Dian y la austeridad.
Todo esto lo resumió Merino, de Moody’s: “Resaltamos que a esta reforma se ha llegado formando consensos con partes políticas y económicas y creemos que tiene más apoyo que la que se presentó en abril, pero no atiende algunos de los temas estructurales que ya hemos identificado como posibles debilidades del perfil crediticio del soberano, como sí lo trataba de hacer la propuesta anterior”.
Sin embargo, el analista valoró que el Gobierno actual sea claro en que el ajuste fiscal y las medidas que se pondrían en marcha solamente son parte del proceso necesario para corregir el desbalance que creó la pandemia y en que el próximo mandato también tendrá que enfrentar eso.
Según él, sostener los gastos sociales como lo plantea la iniciativa tributaria actual contribuiría a reducir los niveles de pobreza y, en parte, los de desigualdad de ingresos hasta 2022, pero si la próxima administración decide seguir esta senda tendría que idear nuevas medidas y más teniendo en cuenta los ajustes a la regla fiscal.
Previsiones
La regla fiscal, vale anotar, busca asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, de tal forma que no se supere el límite de deuda. Y aunque hoy está suspendida, una vez se retome el Gobierno le apunta a que el tope de endeudamiento sea de 71 % del PIB, mientras que el ancla sería de 55 %, como se consigna en el proyecto de ley de Inversión Social –o reforma tributaria– radicado ante el Congreso.
Respecto a la parte social, el texto destaca que se busca extender el Programa Ingreso Solidario hasta junio de 2022, con lo cual pasaría de 3,1 millones de hogares beneficiarios a 4,1 millones, así como brindar incentivos para la contratación de unos 500 mil jóvenes a través de un aporte estatal de 25 % de un salario mínimo para empresas que contraten a población entre los 18 y los 28 años, entre otras propuestas.
Con esas apuestas una de las metas más ambiciosas del Ejecutivo tiene que ver con la pobreza: calcula que a final de 2022 unos 400 mil hogares (1,2 millones de personas) podrían salir de esta condición y así bajarla en 8,2 puntos porcentuales (pps) en comparación con 2020, es decir, que sea de 34,3 %.
Ahora, respecto a la pobreza extrema la proyección es que 575 mil hogares (2 millones de personas) dejen de estar en esa situación el próximo año y lograr así una reducción de 6,7 pps, llevándola a una incidencia de 10,7 %, según se lee en la exposición de motivos que acompaña a la reforma tributaria.
Un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, liderado por su director, Luis Carlos Reyes, destacó los alcances sociales de la iniciativa en cuanto estímulos para la contratación y aseguró que “con excepción de las medidas de normalización tributaria (que sirve para legalizar la posesión de activos), el proyecto de reforma del Gobierno es progresivo, razonable y oportuno” y responde a las principales exigencias de quienes en su momento se opusieron al proyecto presentado por el exministro Alberto Carrasquilla.
No obstante, desde el punto de vista de Felipe Klein, economista de BNP Paribas, puede que este sea un mejor texto para el Congreso, pero afectaría la inversión. En su concepto, al revertir efectos de la Ley de Crecimiento de 2019 (como fijar la tarifa de renta corporativa en 35 % en vez de mantener la reducción gradual que llegaría a 30 % en 2022), el actual articulado desestimula la llegada de capital externo al país y adicionalmente tiene “un alto grado de incertidumbre” en cuanto al aumento de ingresos derivado de la administración tributaria.
Por lo pronto, expertos, mercado y calificadoras estarán a la expectativa de cómo saldrá la tributaria 2.0 del Congreso, y Renzo Merino insistió en que la fortaleza de Colombia para salir de momentos adversos económicamente como la crisis a finales de los 90, la caída en los precios del petróleo y la propia pandemia de covid-19 ha sido la capacidad de llegar a consensos. Este año, finalizó el analista, Moody’s espera que el PIB del país crezca 7 %
8,6 %
del PIB, el déficit fiscal con el que cerraría Colombia este año: Minhacienda.
8,2
puntos porcentuales busca disminuir la pobreza, la reforma tributaria.
