El asunto sobre la dominancia en el mercado de datos móviles aún está en estudio en la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Los demás operadores, a la espera de su decisión y con la esperanza de que se proclame a Claro como el principal jugador en el mercado de los 11,65 millones de usuarios, que según ellos, saca provecho de su posición de su dominio, han llevado el caso a instancias mayores: esta vez a la Alianza del Pacífico (AP).
No es la primera vez que ocurre, pues ya se había elevado una solicitud similar en junio a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
La nueva misiva destaca que la AP debe desarrollar mecanismos de cooperación para la coherencia y adopción de buenas prácticas regulatorias que mejoren la competencia en los mercados, en los requisitos de contratación de entidades públicas y las reglas de promoción en la industria de las telecomunicaciones para impedir la posición dominante y de prácticas desleales.
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Específicamente, los operadores aducen al artículo siete sobre salvaguardas competitivas, del capítulo 14 de Telecomunicaciones del “Protocolo adicional al acuerdo marco de la Alianza del Pacífico”.
Dicho artículo señala que cada país debe mantener “medidas adecuadas” para que los proveedores que sean “importantes en su territorio, empleen o sigan empleando prácticas anticompetitivas”.
Al referirse a estas infracciones el grupo de Tigo, Avantel, Flash Mobile, Suma y Telefónica, describe la posibilidad de elevar el precio de un producto o servicio a un grupo de clientes y reducirlo para otros (subsidios cruzados), utilizar información relevante de sus pares con fines anticompetitivos, e impedir el acceso a datos técnicos “sobre instalaciones esenciales y la información comercialmente relevante que estos necesiten para suministrar servicios públicos”.
Además reclaman que esa posición de Claro desestimula la inversión en el sector, pues en 2011 era de 1.500 millones de dólares y en 2018 fue de 857 millones.
El dato es relevante teniendo en cuenta que está pendiente la subasta del espectro de 700 MHz, y para los demás operadores la decisión será clave para así conocer “las reglas de juego y estar en igualdad de condiciones”, según ha señalado Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, sobre este proceso.
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Un caso de largo aliento
En un documento del 19 de diciembre de 2018, la SIC rinde concepto sobre el proyecto de resolución de la CRC en el que identifica dos fallas: la dominancia de Claro y el empaquetamiento de servicios móviles.
La CRC explícitamente habla de la capacidad de Claro “de determinar las condiciones de precios y cantidades en el mercado de servicios móviles sin consideración a los demás operadores competidores, configurándose así una posición de dominio que constituye en sí misma una falla en el mercado”.
No obstante, frente a esto la SIC señala que es deber de la CRC revisar y soportar debidamente los asuntos concernientes a la declaración de dominancia de Claro y su efecto negativo en el mercado de servicios móviles.
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De hecho, en el documento la SIC menciona que “no resulta suficiente el soporte probatorio a efectos de acreditar que Comcel (Claro) cumple con todos y cada uno de los elementos que permitan su calificación como operador con posición de dominio en el mercado de servicios móviles en los términos y condiciones establecidos por la propia CRC”.
¿Qué dice Claro?
La compañía informó mediante un comunicado que “no sería prudente ni responsable que la actual CRC, a solo días de ser disuelta —debido a que en la Ley TIC, pendiente de sanción presidencial, crea un regulador convergente— adopte una decisión respecto a la existencia o no de la dominancia”.
La compañía considera que debe ser la nueva institucionalidad la llamada a dar cumplimiento a las recomendaciones de la SIC y garantizar el derecho a la contradicción y la defensa de Claro.
