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En gestión fiscal de riesgos, el Valle de Aburrá es uno de los pioneros
El impacto en las finanzas públicas por la atención a desastres naturales ha representado una pérdida de US$7.100 millones para la Nación en los últimos 40 años.
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Inundaciones por fuertes lluvias, una de las principales afectaciones a las que están expuestos los habitantes de la región debido a la posición geográfica de Antioquia. FOTO julio césar herrera
09 de mayo de 2019
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El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Gobernación de Cundinamarca y Bogotá son tres entidades territoriales pioneras en el mundo en contar con un plan y estrategias propias para atender contingencias por fenómenos naturales. No obstante, el Ministerio de Haciendo, el Banco Mundial y la Embajada de Suiza apoyarán en la construcción de instrumentos financieros adecuados para atender las consecuencias fiscales causadas por los daños colaterales.
Lo que se destaca es que responden a los riesgos propios de cada zona, consideran el riesgo fiscal (debido a su experiencia con las contingencias), prevén la necesidad de crear de instrumentos financieros para la gestión y el aseguramiento del riesgo catastrófico de los activos públicos, dos objetivos en los que recibirán asistencia técnica.
“El objetivo del sistema es desarrollar los procesos de reducción del riesgo mediante acciones de protección financiera con instrumentos para la transferencia del riego. Esos se utilizan cuando se desborden las pérdidas territoriales. El fortalecimiento de los fondos territoriales y la evolución en los mecanismos de financiación es fundamental”, dijo Javier Andrés Cuéllar, subdirector de Riesgo Minhacienda.
El peso de los fenómenos
El impacto fiscal que tienen estos imprevistos puede llegar a ser muy alto si no se cuenta con un marco de acción para atender las necesidades. De hecho, a diciembre de 2017, la ocurrencia de desastres era una de las contingencias que más impactaba el bolsillo del país, y llegó a representar un 5,2 % del PIB. Los de origen sísmico y los asociado al fenómeno del Niño fueron las principales causas, resaltó el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.
De acuerdo con estudios del Banco Mundial, durante los últimos cuarenta años estas calamidades naturales, han representado pérdidas que alcanzan los 7.100 millones de dólares.
El costo de un terremoto hoy está alrededor de 52 billones de pesos y para enfrentar sus consecuencias, del presupuesto de la Nación saldría un 15 %, es decir unos 7,8 billones de pesos.
Del bono catastrófico y de terremoto, instrumentos que hacen parte de la estrategia de Minhacienda, aportaría el 2,5 %, lo que equivale a unos 1,3 billones de pesos. Faltarían alrededor de 43 billones pesos. Para mitigar esa vulnerabilidad, Cuéllar resaltó que están trabajando en nuevos instrumentos financieros para atender emergencias.
“Viene un bono catastrófico y metereológico, aseguramiento de bienes (que hace parte de la estrategia de rehabilitación y los otorgarían compañías de seguros, esto aceleraría la reconstrucción) y un seguro agropecuario, para generar coberturas para este sector”, señaló Cuéllar.
Periodista y feminista egresada de la Universidad del Rosario.
