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El Gobierno de Panamá anunció ayer que suspendió la compra, por cerca de 30 millones de dólares, de dos buques a la Armada de Colombia, hasta tanto sea resuelta una disputa arancelaria bilateral que incluso llegó a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La compra de los buques, pactada en octubre de 2016, “fue suspendida hasta que podamos resolver la disputa comercial”, declaró el ministro panameño de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, durante la entrega de su informe de gestión de 2016.
Entretanto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia aseguró que “el país implementó dicho fallo en un plazo casi tres meses inferior al que le fue otorgado”.
Con esto, el Gobierno asegura que acató el fallo de la OMC desde noviembre. Sin embargo, destacó que la titular de la cartera, María Claudia Lacouture, continuará dialogando con Panamá, para lo cual está agendada una reunión el 9 de febrero en Cartagena.
La medida anunciada este jueves de detener la transacción se tomó “hace algún tiempo”, aseveró Arosemena, que rechazó que se trate de una medida de retorsión contra el país andino.
La suspensión de esa transacción fue solicitada públicamente en diciembre pasado por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), cuyo presidente, Jorge García, dijo en una entrevista con EFE que esa decisión enviaría un “mensaje” al Gobierno de Colombia, que “no le está parando bola a Panamá” en su reclamo por el tema arancelario.
Tras conocerse la medida tomada por Panamá, García, tildó hoy de “medida correcta” la suspensión de la compra de dos buques a Colombia, y dijo que con ella Panamá exige “respeto” a las autoridades de ese país en el marco de una disputa comercial.
Ese año Colombia, con la excusa de evitar el contrabando y el lavado de dinero, empezó a aplicar aranceles del 10 % a los calzados y textiles y un cargo de 5 dólares por cada contenedor procedente de la Zona Libre de Colón (ZLC), la zona franca más grande del continente ubicada en el Caribe panameño.
Panamá acudió a la OMC para denunciar que la decisión del país vecino violaba los compromisos adquiridos por ambos países en el Acuerdo de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y en junio de 2016 la OMC falló a su favor.