La Corte Constitucional dijo no, por vicios de forma, a la Ley de Financiamiento presentada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, luego de una votación de 6 contra 3. El plan importaba en la medida en que se convertiría en la fuente de recursos que lograría recaudar 7,1 billones de pesos, de los 14 billones faltantes del Presupuesto General de la Nación de 2019.
La Ley se aprobó bajo las premisas de mejorar la carga tributaria para las empresas, aumentar el recaudo desde las personas naturales y promover la formalización y la generación de empleo. Sin embargo, una vez aprobada en el Legislativo y sancionada por el presidente Iván Duque fue demandada 36 veces.
La ponencia del magistrado Alejandro Linares para declarar inexequible la reforma (tumbarla) tuvo el apoyo de los togados Alberto Rojas Ríos, Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo, Cristina Pardo y José Fernando Reyes. En contra de la decisión votaron Carlos Bernal, Luis Guillermo Guerrero y Gloria Estela Ortiz, presidenta de la Corte.
Ortiz dijo que los efectos de esta tributaria quedarán suspendidos desde el primero de enero de 2020, pero no afectará la ejecución de este año para no comprometer el recaudo planeado en 2019.
“Hubo una elusión del debate, pues no se llevó a cabo el último requerido. La situación desconoció el sistema bicameral, no se dio una deliberación racional de la Ley, y no se garantizó el derecho de las minorías”.
Ortiz hace referencia a que la Cámara de Representantes acogió el texto del Senado de la República, sin haber sido publicado antes para realizar la debida discusión con el documento, pese a que las modificaciones no fuesen sustanciales.
Carrasquilla dijo que se estudiará la sentencia para corregir lo que se haya hecho mal, pero la decisión representa un “serio golpe a la credibilidad de la política económica”. Vale recalcar que Duque había manifestado ayer más temprano que respetaría la decisión de la Corte.
La determinación se dio a pesar de los conceptos técnicos emitidos por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), el Consejo Gremial y Fedesarrollo, que pedían tener en cuenta el impacto económico que tendría la no aprobación de esa reforma, y que, según Carrasquilla, es la piedra angular para crecer más del 3 %.
¿Cuáles son las salidas?
El Ministro ya ha dicho en reiteradas ocasiones que el Plan B es volver a presentar la ley de financiamiento ante el Legislativo. Esto “sería lo ideal. Muchas alternativas no hay y volver al Congreso sería una de las mejores”, recalcó a EL COLOMBIANO Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.
Habría otra posible salida. El artículo 215 de la Constitución Política otorga facultades al Presidente en caso de que “pueda perturbarse o haber amenaza de perturbación” del orden económico, social o ecológico del país. En un periodo no superior a 30 días por cada uno de esos temas, el Presidente, junto sus ministros, puede dictar decretos con fuerza de Ley.
¿Hay emergencia?
Este es un plan que para algunos sectores no es el mejor escenario. “Es pertinente abogar por el libre mercado y orden constitucional y volver a presentar la reforma, igual o modificada, cuanto antes, pues declarar el estado de emergencia económica mandaría un mensaje de desconfianza”, dijo Sergio Soto, director de Fenalco Antioquia.
Posición en la que coincide José Roberto Acosta, miembro de la Red por la Justicia Tributaria: “No hay lugar a esa declaratoria pues se trató de un error de procedimiento”.
El hecho despertó posiciones a favor y en contra de si era conveniente que el plan siguiera teniendo vigencia para 2020, pues hay que recordar que la Ley de Financiamiento cobró vigencia desde enero de 2019.
Para Fedesarrollo, el tumbar la Ley supone una serie de impactos negativos para la economía nacional en vista de que los beneficios de un posible mayor recaudo desaparecerían.
Esto porque, entre otros, la iniciativa buscaba gravar ingresos mensuales de 35 millones de pesos con tarifas del 35 % hasta el 39 %; sumó un IVA del 19 % plurifásico a toda la cadena productiva de gaseosas y cervezas; además del impuesto al patrimonio para ciudadanos que tengan, en esa materia, un rubro igual o mayor a los 5.000 millones de pesos.
Carrasquilla ya había tasado el golpe financiero al país de la siguiente manera: 1,5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), cada año; además de que el alza de la economía colombiana no estaría bajo los presupuestos del 3 % presentados por el Gobierno. De hecho dijo que podría costar unos 1.000 billones de pesos en 10 años. Cálculos que para Acosta, resultaban “carentes de rigor”.
Fedesarrollo concuerda en que tras la decisión hay un panorama económico sombrío. El tanque de pensamiento dijo que por la caída de la Ley, el PIB del país para 2020 no llegaría a 3,5 % sino cercano al 2,7 %.
Para firmas calificadoras como Fitch Ratings el golpe no se sentiría, al menos este año, pues la meta fiscal estaría garantizada a cierre de 2019.
Finalmente, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que “para efectos de los empresarios, inversionistas, de los generadores de empleos del país, los emprendedores, las personas que han decidido acogerse al régimen simple, que se están formalizando, es muy importante que las normas que se habían expedido puedan ser reemplazadas por nuevas que nos aseguren que el régimen tributario sigue siendo estable”.
