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Ayer a las 9:48 de la noche, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones divulgó el nuevo borrador que plantea las condiciones para la subasta del espectro de bandas 700 MHz, 1.900 MHz y 2.500 MHz, proceso que hasta la tarde del mismo día se había declarado como desierto.
En el nuevo panorama hay plazo hasta el 14 de noviembre de realizar comentarios, el 20 de diciembre se realizaría la subasta y la expedición de los actos administrativos de asignación se realizaría el 20 de febrero del próximo año.
Cuando se conozca el documento definitivo de este borrador, el 25 de noviembre, se promete revelar el valor base de la subasta, una de las razones por las cuales operadores como Tigo y Movistar se habían declarado inconformes en el proceso que se surtió sin éxito por la autoridad.
Además fija “nuevos criterios para determinar la cantidad de espectro a disponer como mecanismo para incentivar la puja y maximizar la cobertura”, aseguró el Ministerio a través de un comunicado de prensa.
Ahora, los interesados deberán estudiar el documento de 381 páginas para dar su veredicto sobre este proceso.
Proceso desierto
Luego de recibir solo una propuesta y de haber aplazado la recepción de planes hasta el 12 de noviembre, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones decidió echar para atrás esta última decisión y declarar desierto el plan que pretendía aumentar la cobertura para servicios de internet fijo y móvil de alta velocidad.
Sylvia Constaín, titular de la cartera, se basó, entre otras razones, en que la Resolución 2752 de 2019 (en la que se planteaban las reglas de juego) quedaba explícita la obligación de verificar la existencia de dos o más proponentes. “De no cumplirse esta condición, el presente proceso de selección objetiva se declarará desierto por parte del Ministerio mediante acto administrativo motivado”, dice en la anterior resolución de 230 páginas.
Las implicaciones de no tener una asignación del espectro son grandes.
Esta es la iniciativa más importante del sector, que según datos del Ministerio, prevé inversiones cercanas a los 2.000 millones de dólares, y responderá a las exigencias que ha planteado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) sobre la urgencia que tiene Colombia por cerrar sus brechas de conectividad.
De hecho, el pasado 4 de septiembre, en el Congreso Andicom, que reúne a los operadores del país, el presidente Iván Duque le pidió a la ministra Constaín sacar adelante el proceso antes de que se acabara este año.
Un problema con historia
Hasta el pasado 5 de noviembre, el Ministerio había recibido solo una propuesta formal de ingresar: la de Claro.
Telefónica-Movistar, Tigo, Avantel y ETB, que estuvieron presentes en el proceso de construcción de la Resolución, al final no enviaron una iniciativa formal.
Entre las razones aparecieron dos como las más importantes: no conocer el precio base para la subasta (a la que también adhirió Claro), y la no declaratoria, según ellos, de la dominancia de Claro en el mercado de datos móviles.
Según los competidores de la empresa, tener una diferencia en ingresos para el servicio de internet móvil de 600.000 millones de pesos, respecto a su más cercano competidor (Telefónica-Movistar), y ser el operador más grande en términos de infraestructura, supone una ventaja para hacer una proposición económicamente más atractiva en la puja (ver Radiografía) .
Fallas de conectividad
La consecuencia más importante es la carencia por solventar una necesidad urgente: generar más conectividad.
“El Gobierno ha dicho varias veces que quiere esa banda para accesos rurales. Filosóficamente es muy noble, pero la adopción de tecnología rural no es muy alta”, dijo Leonardo Betancur, profesor de la Facultad TIC de la Universidad Pontificia Bolivariana, doctorado en ingeniería en Telecomunicaciones.
Colombia, según datos oficiales, tiene la mitad de su población desconectada de servicios de alta velocidad de internet. Y además esta es la ruta para que a 2022, la cobertura aumente al 70 %.
Betancur recuerda que la demora en la puja seguirá retrasando al país en mejorar sus indicadores de calidad, que por estar en la Ocde, son más apremiantes.
En diciembre de 2018 los afiliados a banda ancha fija y móvil por cada 100 habitantes eran de 13,4 y 52,1 respectivamente “los más bajos de la Ocde”, dijo la entidad en el documento Digitalizando Colombia .