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Las razones de la investigación a Uber y otras plataformas
Las Supertransporte señala a siete empresas de, presuntamente, facilitar la violación de varias normas que rigen a este sector en Colombia. Explicamos cuáles son.
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ilustración sstock
Siete empresas están en la mira de la Superintendencia de Transporte de Colombia, que anunció investigaciones por presuntamente facilitar la violación de normas de transporte en el país.
El superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, detalló que esta investigación se hará contra Uber Technologies (de Estados Unidos), Uber BV (de Países Bajos), Rasier Operations, Maximobility (empresa relacionada con la operación de Cabify), Lieber Colombia, Llevo y Cuper.
Según explicó el funcionario, estas empresas fueron vinculadas a investigaciones en Colombia para determinar si cometieron o no infracciones a la legislación de transporte, y resaltó que, además, se está aplicando el Estatuto de Protección del Consumidor a dos empresas que estarían imponiendo cláusulas abusivas a los consumidores (pasajeros).
“Estos nuevos casos son determinantes en la lucha de la Superintendencia de Transporte contra la ilegalidad (...) Es una muestra más del compromiso del ente de control por la protección de los usuarios de transporte en el país”, apuntó Pabón Almanza.
¿Qué se está investigando?
De acuerdo al anuncio de la Supertransporte, a Uber Technologies, Uber BV, Rasier Operations, Lieber Colombia , Llevo y Cuper, (estas dos últimas dedicadas al mototaxismo), se les imputó cargos por presuntamente facilitar la violación de siete normas de transporte en Colombia.
Dichas compañías tendrán que responder por presuntamente facilitar la prestación de transporte con vehículos que no tendrían las condiciones técnico mecánicas exigidas, ni contar con los mantenimientos y alistamientos diarios exigidos por la ley.
Además, se les señala de facilitar la prestación de transporte con vehículos que no estarían homologados ni matriculados para prestar servicio público en el país.
También, tendrán que explicar por qué estarían facilitando la prestación de transporte con conductores que no tendrían la licencia de conducción correspondiente para transporte público, ni las capacitaciones ni los programas de medicina preventiva que son requeridos por ley.
Por otro lado, habrían incumplido la exigencia de tener un plan estratégico de seguridad vial para prestación de transporte, y tampoco contarían con los seguros que cubran los riesgos, de acuerdo a las exigencias legales.
Adicionalmente, según la Superintendencia, entre las violaciones de la norma a las que habrían incurrido dichas compañías está la presunta facilitación de la prestación de transporte por parte de sujetos que no estarían habilitados, de acuerdo con los requisitos legales, y la supuesta alteración del servicio público.
Lupa a cláusulas abusivas
Pabón Almanza también señaló que, por otra parte, la Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector Transporte de la entidad que dirige abrió investigaciones administrativas en contra de Lieber Colombia y Maximobility (empresa relacionada con la operación de Cabify).
Estas investigaciones adicionales se emprendieron contra esas dos empresas por presuntamente incluir dentro de sus “términos y condiciones” cláusulas que podrían considerarse abusivas.
“Entre estas hay algunas que limitan tanto el ejercicio de los derechos de los usuarios (pasajeros) en materia de reversión del pago y poder acceder a los mecanismos dispuestos por el ordenamiento jurídico colombiano para proteger sus derechos”, agregó la Supertransporte.
En esa línea se resaltó que ambas empresas también tendrían cláusulas que, al limitar la responsabilidad del productor o proveedor, trasladarían a los usuarios las obligaciones que no deberían ser asumidos por estos, sino por parte de quienes ofrecen el servicio.
“Un ejemplo es el caso de las posibles responsabilidades a cargo de los usuarios por los daños derivados del uso de la plataforma”, agregó la entidad.
También se planteó que se investigará a ambas firmas por presuntamente no suministrar información suficiente y oportuna a los usuarios sobre los servicios ofrecidos y los canales de atención que tienen dispuestos para presentar Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRs).
“Con estas evidencias se estaría presuntamente violando la ley de protección del consumidor y, por eso, la Superintendencia en uso de sus facultades como autoridad de protección de usuarios del sector transporte en Colombia formulará cargos para determinar si son cláusulas abusivas”, aseguró el superintendente Pabón Almanza.
Frente a estos señalamientos legales y anuncio de investigaciones, EL COLOMBIANO buscó a todas las empresas relacionadas, pero al cierre de esta edición solo una de ellas emitió un pronunciamiento oficial al respecto.
Se trata de la compañía Llevo, que planteó que decidió suspender, de manera indefinida, su servicio de alquiler de moto con conductor hasta resolver el asunto de la investigación y encontrar una solución que favorezca tanto a sus usuarios como a conductores.
“Llevo considera que este tipo de actuaciones desaniman a los emprendedores colombianos que buscan abrirse camino entre los actores más grandes del mundo, además de sumergir al país en un atraso tecnológico de grandes proporciones”, expuso la empresa en respuesta a este medio.
Por su parte, la Superintendencia aclaró que ante este panorama de presuntos actos en contra de las normas colombianas de transporte, garantizará y respetará el debido proceso, y derecho a la defensa de las empresas investigadas.
Además, según el informe de las autoridades, de ser encontradas responsables, las multas a estas siete empresas podrían superar los 8.000 millones de pesos en conjunto.
Además, la Supertransporte anunció una sanción a la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Cali, ya que en 2019 omitió controlar el transporte ilegal, afectando así la prestación del servicio de manera regular.
“Se trata de la primera sanción en el país contra un organismo de tránsito municipal por incurrir en omisión de control del transporte ilegal”, concluyó la entidad
$8.000
millones en conjunto serían las multas a estas empresas de ser halladas responsables.
Periodista, apasionado por la historia, la geopolítica y los documentales. Hago preguntas desde que tengo uso de razón. Egresado de la Universidad Eafit.
