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¿Qué pasará con Uber tras la decisión de la SIC?

  • La medida de la Superintendencia de Industria y Comercio afecta a Uber X y Ubervan. FOTO COLPRENSA
    La medida de la Superintendencia de Industria y Comercio afecta a Uber X y Ubervan. FOTO COLPRENSA
Natalia Cubillos Murcia | Publicado el 20 de diciembre de 2019

Tras una demanda interpuesta por Cotech (proveedor de Taxis Libres), la Superintendencia de Industria y Comercio halló a Uber responsable de competencia desleal y le ordenó a la compañía dejar de operar de manera inmediata.

No obstante, el superintendente Andrés Barreto explicó que “para su cumplimiento la Superintendencia no tiene ninguna incidencia. La sentencia es un título ejecutivo, por lo que Cotech ( proveedor de Taxis Libres) tendría que demandar ejecutivamente a Uber para su cumplimiento”.

Contra ella procede el recurso de apelación ante la sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, que ya fue solicitada, según confirmó la empresa, esto implica que seguirá operando con normalidad. El proceso podría tardar entre uno y dos años.

Así, pese a ser una decisión importante, por lo que reviste para la compañía y para los transportadores que hoy operan bajo un marco normativo legal, por ahora los efectos dependen exclusivamente de las partes para que se cumplan. Esto además significa que es un caso particular que no se puede extrapolar a otros.

“Es decir, si usted va ahora a utilizar el servicio está funcionando porque es un problema particular entre dos compañías que se demandaron y el juez le dio la razón a una”, dijo Barreto.

Cómo impacta

Los alcances de la decisión podría incluir una orden a las compañías de telefonía para que desconecten el servicio; no obstante, el Superintendente no confirmó que este fuera uno de las determinaciones de la sentencia.

La medida cobija Uberblack, el servicio de transporte especial con carros de lujo; UberVan, el que hay espacio para más de cuatro personas y UberX, en el que usuarios particulares ofrecen su vehículo privado para el transporte. Excluye el servicio de domicilio de comidas que hoy presta la misma aplicación, UberEats; y lo hace en función de las tres compañías, incluida la filial en Colombia.

Desde la Superindustria la compañía incurrió “en actos de competencia desleal por violación de normas y desviación de clientela (artículos 8 y 18 de la Ley 256 de 1996) al prestar irregularmente el servicio público individual de transporte”, según aseguró a través de un comunicado. Y esto lo hace en virtud de que existe un “servicio especial de transporte que está regulado”, aclaró Barreto.

Para Uber, “la decisión refleja un acto de censura e infringe la Convención Interamericana de Derechos Humanos que ya condenó los intentos de bloqueo de la aplicación y sitio web de Uber por violar la neutralidad de red, libertad de expresión y libertad de internet”.

En Colombia, asegura que tiene 88.000 conductores vinculados y “ha aportado más de 70.000 millones de pesos en IVA por prestar servicios de tecnología”. La decisión, consideró la empresa, además le parece contraria “con las banderas de innovación, emprendimiento y economía naranja que el Gobierno nacional defiende y promueve”

Los taxistas también reaccionaron, Fabián Quintero, presidente de Taxi Individual, sostuvo que la competencia desleal la padecen desde hace más de cinco años. “Las acciones que se han tomado no han sido suficientes para el alcance del tema. Se necesita que la institucionalidad, que es el Estado en cabeza del señor presidente de la República, Iván Duque, realmente solucione esto, de una vez por todas”, aseguró.

Pese a que históricamente se ha dicho que la aplicación nació por una insatisfacción de los usuarios, Quintero aseguró que según Medellín Cómo vamos, los conductores de este medio de transporte tienen un 86 % de aceptación en el servicio a la comunidad.

Por esta razón, explicó que todos los días los 27.500 vehículos que ruedan en el Valle de Aburrá, se están capacitando y profesionalizando.

Sea como fuere, al final esta decisión coincide en la misma semana de la multa impuesta por la Superintendencia de Transporte por 400 millones de pesos, lo que le enreda la pita a la operación de la plataforma en Colombia.

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Natalia Cubillos Murcia

Editora de Economía de El Colombiano. Amante de las buenas y nutridas conversaciones, la música y los viajes.


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