El Ministerio de Hacienda aún no responde a Empresas Públicas de Medellín (EPM), como accionista minoritario de Isagén (13,14 por ciento), sobre la solicitud formal presentada desde hace un mes para que extienda de hasta dos meses a mínimo un año la Oferta Pública de Adquisición Voluntaria (Opav) que debe abrir la multinacional que, eventualmente, compre el 57,61 por ciento de la Nación que busca vender el Gobierno.
Tener una respuesta positiva a esa petición, según Juan Esteban Calle, gerente de EPM, “es lo más prudente para proteger el patrimonio público tan significativo que tiene EPM invertido en Isagén y así se tiene el tiempo para poderse ajustar a esa realidad”.
De hecho, la empresa municipal tiene 352 millones de acciones de Isagén valoradas, a julio pasado, en cerca de 650 millones de dólares. En el caso hipotético de que se dé la privatización al precio base de 3.321 pesos por acción, el nuevo dueño mayoritario debería desembolsar 1,17 billones de pesos.
El reglamento del proceso de enajenación que inició el Gobierno desde julio de 2013, contempla que el nuevo controlante de la segunda generadora de electricidad del país tiene el deber de adelantar la Opav dentro de los 60 días siguientes a la adjudicación.
Además, el socio mayoritario debe comprar a los minoritarios interesados al mismo precio que pagó al Gobierno. Pasado ese proceso, la lógica financiera indica que el nuevo dueño hará todo lo posible para no tener que comprar a EPM y dejar a este socio minoritario como convidado de piedra hasta 2017, cuando vence el acuerdo de accionistas vigente.
Si se cumple la subasta a mediados de mayo, como ha dicho el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, pasados 15 días hábiles la Opav se podría abrir en cualquier momento entre junio y primeros días de agosto.
“Seguimos analizando las opciones estratégicas y si se nos da el tiempo que pedimos, el potencial ganador de la subasta debería esperar mínimo un año, lo que sería un tiempo suficiente para poder adelantar trámites y buscar mejores oportunidades”, comentó Calle Restrepo a EL COLOMBIANO.
Aunque el funcionario se abstuvo de señalar opciones, en plata blanca a EPM le quedan dos caminos.
El primero es encontrar entre las multinacionales precalificadas un socio estratégico con el que cocine un acuerdo de accionistas que, entre otras, le permita mantener una silla en la Junta Directiva de Isagén. Y tendría sentido para el eventual nuevo dueño, pues no debería desembolsar esos 650 millones de dólares adicionales (ver recuadro).
El otro camino es desinvertir y la decisión no depende solo de EPM: deberá presentar al Concejo de Medellín un proyecto de acuerdo similar al que retiró de la corporación en agosto pasado, cuando el Ministerio de Hacienda pospuso la venta.
En ese caso, la empresa que sería la nueva controlante no le caería mal el plazo solicitado por EPM, pues tendría un año para organizar su caja, luego de girar entre 5 y 6 billones de pesos, antes de lanzar la Opav para comprarle a minoritarios.
Frente al trámite en el Concejo, EL COLOMBIANO consultó a la Alcaldía de Medellín y respondió mediante un vocero que “no se contempla en ningún momento presentar proyecto de acuerdo en ese sentido. Y si a alguien le corresponde es a EPM”.
A la opción de desinvertir se le agrega dos ingredientes que enredarían la aprobación: la solicitud del 11 de marzo pasado en que 15 concejales pidieron al Municipio no presentar el proyecto y que su discusión se daría en plena temporada electoral, lo que dilataría la decisión.
