Con la premisa de que la situación de pobreza en zonas rurales se origina en gran medida por las malas condiciones de empleo, la Escuela Nacional Sindical (ENS) presentó ayer su Noveno Informe Nacional de Trabajo Decente, que en esta ocasión está dedicado a lo rural.
Para aliviar estas problemáticas estructurales, “se requiere una reforma rural integral, que sienta bases para transformar al campo colombiano con empleo digno, remuneraciones justas, protección social justa y al día, posibilidad del diálogo social y negociación colectiva”, indicó a EL COLOMBIANO Carmen Lucía Tangarife, responsable temática de la ENS en el estudio.
La cifra es contundente: la tasa de pobreza en el campo es de 40,3 % y la tasa de pobreza extrema (indigencia) del 18 %, según cifras del Dane a 2015. Sin embargo, “preocupa mucho más que para los 4,76 millones de personas trabajadores rurales las garantías de protección social sean vulneradas. Solo el 14,1 % contribuyó a salud en el régimen contributivo y un 12,4 % al sistema pensional”, agregó la investigadora.
También hay que sumar la desigualdad rural, porque el promedio de ingreso en esa zona fue de 439.571 pesos por trabajador, frente a 1’048.367 de pesos en trabajadores de las cabeceras (ciudades). A esto se añade la concentración de la tierra, la desigualdad entre hombres y mujeres y la informalidad.
Tangarife insistió en una reforma rural integral, que sea base de una paz duradera y se construya una sociedad más justa en el campo, la cual se puede lograr articulando a diferentes gremios productivos, al Legislativo y al Gobierno.
Uno de los datos que llama la atención del estudio es el cálculo de la informalidad laboral rural por la no afiliación a seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales): 89,3 %, es decir, 4,25 millones de ocupados del campo no tienen esta garantía.
En ingresos, los hombres reciben 502.928 pesos al mes, frente a 293.632 pesos de las mujeres, un 41,6 % menos.
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