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El anuncio hecho el lunes 8 de febrero por Tesla, la empresa del multimillonario Elon Musk, de la compra de US$1.500 millones en bitcoins, causó revuelo el mercado de los criptoactivos en el mundo entero. Casi que en una escala segundo a segundo, la cotización de esta moneda virtual alcanzó día a día registros históricos durante la semana, y en la tarde del jueves 11 ya superaba los US$48.000 hacia las tres de la tarde, una variación mayor al 7 % respecto al día anterior. Y la tendencia continuaba creciendo.
Ayer, el valor de un bitcoin en Colombia, según la casa de cambio de criptomonedas Buda, era de 153 millones 802 mil 295 pesos, con una valoración de 25,5 % en los siete días anteriores. Otras criptomonedas relevantes como ether y litecoin tenían un costo de 5 millones 838 mil 965 y 629 mil 999 pesos ese mismo día. A la fecha no existe en el país un marco regulatorio para las transacciones de estos recursos digitales por el sistema financiero, por tanto los poseedores no podían ir a una casa de cambio y, como ocurre con cualquier divisa extranjera, realizar el intercambio y recibir su dinero.
Eso por el momento, pues a partir de marzo, y con la aprobación de la Superintendencia Financiera, iniciará una prueba piloto con nueve alianzas entre entidades vigiladas por la entidad (entre ellas Banco de Bogotá, Bancolombia y Davivienda) y plataformas de intercambio de activos constituidas en el país (ver Para saber más).
Este escenario, al menos de entrada, genera expectativa entre quienes vienen promoviendo el uso de esos activos digitales en el país, intentando que se establezca un marco normativo pese a la resistencia que han encontrado por parte de algunos sectores económicos y financieros que no le dan ninguna validez al valor de estos activos y, menos, a su carácter legal para ser usados como moneda de cambio.
No en vano, en documentos publicados por el Banco de la República, como Criptomonedas, de los autores Carlos A. Arango-Arango, María M. Barrera-Rego, Joaquín F. Bernal-Ramírez y Alberto Boada-Ortiz, se ha mencionado que “aunque estos activos se presenten con capacidad de satisfacer funciones de medio de pago, depósito de valor y unidad de cuenta, en la práctica, como lo manifiestan varias publicaciones del Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés), carecen de los atributos de la moneda de curso legal y no son susceptibles de ser considerados como dinero”.
La Superfinanciera se planteó como objetivo de la prueba piloto medir, en conjunto con las entidades participantes, la efectividad de los desarrollos tecnológicos que permiten verificar la identidad digital de los compradores y vendedores de criptoactivos, y hacer la trazabilidad de las transacciones dentro del alcance que tiene según su competencias.
El espacio en el que estas se realizarán será controlado y supervisado para prevenir “situaciones de crisis, el ejercicio ilegal de la actividad financiera y el fomento y apoyo de nuevos avances tecnológicos aplicados a los servicios financieros”, reseñó la entidad.
La Superfinanciera fue clara en que esta prueba piloto no incide en el marco regulatorio vigente, ni tampoco se considera como una autorización para este tipo de transacciones como tampoco para que el sistema financiero utilice el ahorro de los usuarios para completar estas operaciones.
Alejandro Beltrán es el cofundador y country manager de Buda en Colombia, empresa que desarrolla y opera mercados de criptoactivos como bitcoin, ether, bitcoin cash y litecoin en Colombia, Chile Perú y Argentina, y se encarga de conectar a los compradores y vendedores para que intercambien en las monedas locales.
Beltrán destaca el crecimiento que han tenido las criptomonedas en Colombia. El sitio especializado LocalBitcoins ubicó a Colombia como el tercer mercado global en estos activos en 2020 con un 11,3%. Rusia, con 17,4 % y Venezuela, con 12,3%, superaban al país, según el reporte.
En otro informe, esta vez de Statista, se señala a Colombia como el tercer país con más cantidad de poseedores de criptomonedas con 18%, superado solo por Turquía (20%) e igualado con Brasil.
“El fenómeno que pasa en Colombia es una oportunidad para que muchas personas vean en las criptomonedas una nueva oportunidad de inversión y ahorro a largo plazo, y como sustitutas de algunos servicios financieros que hoy no funcionan de la manera esperada, como las remesas. Desde 2016 estamos impulsando una plataforma que permite el intercambio de criptoactivos de manera sencilla y segura, pero el mercado tiene un gran reto de educación, para entender qué son, por qué son valiosas y cómo transforman la industria”, dice Beltrán.
Felipe Cano, cofundador de Rutanio, una plataforma blockchain que utiliza un token social o activo digital que genera un mercado de intercambio, explica que este ecosistema tecnológico ofrece un entorno seguro y confiable que se ofrece como una alternativa a la centralización del sistema financiero. En él, afirma, “ningún gobierno establece las normas”, ya que son los mismos usuarios los que avalan o no las transacciones.
Cano resalta el hecho de que haya sido el Gobierno colombiano el primero en haber publicado el “whitepaper” de bitcoin –un documento guía que establece las bases de las criptomonedas–. Esto ocurrió a finales de enero de este año, y según sus palabras, lo hizo para sumarse a otras entidades y personas ante el interés de algunos personajes de apropiarse de la propiedad intelectual de las criptomonedas y como señal de que estas son propiedad de la comunidad.
El cofundador de Uranio reconoce que en la transacción de las criptomonedas se pueden generar algunos riesgos como posibles estafas a los compradores, la alta volatilidad de los activos – “usted puede ganar 80 % en tres días y luego perder lo mismo en otros tres días”–, pero advierte que esto igual ocurre con divisas como el dólar o el euro.
Alejandro Beltrán comenta que la informalidad con la cual se han venido desarrollando las operaciones incide en la exposición al riesgo que tienen los usuarios, ya que las restricciones, la “satanización y estigmatización” que han experimentado ha hecho que se fomenten “espacios de clandestinidad no necesariamente atados a la criminalidad, sino a lugares donde no hay garantías” para el intercambio.
Recientemente, el nuevo presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, dijo al diario Portafolio que “el llamado bitcoin es una pirámide sofisticada y los ahorradores deben tener cuidado. Las ganancias fáciles también se convierten en pérdidas fáciles. Mi recomendación es que sus inversiones los tengan en entidades sólidas y no se arriesguen pues en el pasado ya hemos tenido pérdidas con esos cantos de sirena”. EL COLOMBIANO quiso ampliar su opinión pero no fue posible conseguir una respuesta.
En el documento Criptomonedas, disponible en la web del Banco de la República, sus autores señalaron algunas de sus inquietudes respecto a los criptoactivos: “la mayoría no son obligaciones reconocidas legalmente por una persona jurídica o institución que las respalde y que responda por cualquier fraude o falla en sus esquemas, sus protocolos de emisión y seguridad son bastante opacos, sus precios son altamente volátiles, la protección al consumidor y al inversionista en estos esquemas es cuestionable y tienen limitada aceptación”.
Más adelante se lee que el desarrollo de estos criptoactivos “afecta varios aspectos relevantes desde el punto de vista regulatorio y de política pública”, como por ejemplo que, al operar en “un ambiente transaccional de difícil trazabilidad”, presenta retos importantes desde el punto de vista fiscal, de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), y que en la medida en que alcancen mayor desarrollo, “podrían alterar la forma como se hace la intermediación financiera, con implicaciones desde el punto de vista monetario, cambiario y de estabilidad financiera”.
Colaborador. Comunicador Social Periodista U. de A., Especialista en Gerencia del Mercadeo UPB.