La Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas (Agremgas) encendió las alarmas sobre el Proyecto de Resolución CREG 702-011 de 2024, en etapa de análisis por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
Según el gremio, la medida podría poner en riesgo la sostenibilidad y la continuidad del servicio de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes, un energético esencial para más de 350 municipios en Colombia.
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El proyecto, publicado para consulta pública en octubre de 2024, busca definir las nuevas fórmulas tarifarias para los comercializadores minoristas que prestan el servicio a usuarios regulados.
Como parte del proceso, la CREG realizó audiencias públicas en Ibagué, Bogotá y Bucaramanga, en las que se recibieron comentarios de empresas y usuarios.
GLP por redes: un servicio esencial y distinto a los cilindros
El GLP por redes se distribuye a través de infraestructura de tuberías, lo que permite un suministro continuo y seguro, similar al del gas natural.
Su operación involucra costos integrales: compra del producto, transporte, distribución, comercialización, mantenimiento y operación de la red, además de la prestación del servicio las 24 horas bajo estrictos estándares de seguridad.
Sin embargo, la propuesta regulatoria plantea que el costo del transporte en la tarifa sea equivalente al de la distribución en cilindros. Para Agremgas, esta comparación desconoce diferencias técnicas y logísticas clave.
“Las empresas que operan GLP por redes son clientes de las distribuidoras de cilindros, por lo que sus costos de transporte son más altos. Además, deben asumir actividades adicionales como el almacenamiento y el ruteo hasta los municipios, indispensables para garantizar la continuidad del servicio”, explicó Sara Vélez, directora ejecutiva de Agremgas, en entrevista con EL COLOMBIANO.
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Riesgo para los usuarios: 300 mil hogares dependen del GLP por redes
Actualmente, cerca de 330.000 usuarios están conectados al servicio de GLP por redes en más de 350 municipios, la mayoría de estratos 1 y 2 que dependen del energético principalmente para cocinar.
También se benefician pequeños negocios, restaurantes, tiendas y algunos usuarios industriales, especialmente en zonas sin acceso a gas natural.
“Si no se reconocen los costos reales, las empresas entrarán en desfinanciamiento y eso podría generar fallas en la prestación del servicio. Lo que está en juego es la seguridad energética de comunidades enteras”, advirtió Vélez.
Lo que viene para la regulación del GLP por redes
La advertencia de Agremgas llega en un momento complejo para el sector energético colombiano. El país enfrenta un déficit de gas natural que lo obliga a importar, encareciendo el servicio para hogares e industrias.
En este escenario, el GLP aparece como una alternativa viable. “El GLP puede sustituir al gas natural en sectores industriales que hoy no tienen acceso suficiente al recurso. Colombia cuenta con dos puertos de importación y el abastecimiento está garantizado”, aseguró Vélez.
Tras la etapa de comentarios, la CREG podría optar por dos caminos:
1. Ajustar la propuesta y publicar un nuevo borrador para discusión pública, lo que permitiría un análisis más amplio antes de una resolución definitiva.
2. Expedir directamente la resolución definitiva, lo que según Agremgas sería inconveniente porque no reflejaría de manera clara el impacto de los comentarios recibidos.
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El gremio insiste en que se requiere un esquema tarifario justo y sostenible, que reconozca la cadena completa de valor y garantice la suficiencia financiera de las empresas, principio establecido en la Ley 142 de Servicios Públicos.
“Lo que pedimos es una regulación realista que asegure la viabilidad de las empresas y la continuidad del servicio. No se trata solo de fórmulas, se trata de garantizar la energía para miles de hogares”, enfatizó Vélez.
Agremgas reiteró su llamado al Gobierno Nacional y a la CREG para que, antes de aprobar la resolución, se reconozcan las particularidades del modelo de GLP por redes.
Para el gremio, el riesgo no es menor: de no ajustarse la propuesta, se comprometería la seguridad energética de miles de familias en regiones que no cuentan con gas natural.
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