El texto del informe de ponencia de la Reforma Tributaria, aprobado la semana pasada y que incluye los impuestos saludables a las “bebidas ultra procesadas azucaradas” y los “alimentos ultra procesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos”, aumentaría gradualmente hasta un 20% el precio de venta de los alimentos producidos o importados que son denominados “ultraprocesados”, comenzando con un 10% en 2023 y llegando al 20% durante 2025.
La afirmación es hecha por la Asociación Nacional de Industriales (Andi), al subrayar que con este nuevo tributo se trasladarían costos adicionales al consumidor final que busca abastecerse de alimentos para el hogar, y que ha tenido que enfrentar la situación inflacionaria, la cual durante septiembre presentó una variación anual del 11,3% jalonada, según el Dane, en el noveno mes del año donde los alimentos registraron una variación anual de 26,62%, la de mayor de todas.
“Este impuesto -que aumentará significativamente el precio de categorías como chocolate de mesa, galletas (dulces y saladas); algunos derivados lácteos (cuajada, bebidas lácteas, helados); chorizos, hamburguesas y trozos de pollo; snacks, salsas (tomate, mayonesa, mostaza, etc.); dulces; tortas, ponqués, panes tajados y tostadas; purés, compotas, mermeladas, algunos condimentos; café soluble y muchos otros alimentos más considera que el sobrepeso y la obesidad tienen como causa principal el consumo de alimentos industrializados.
Si bien su implementación pretende desincentivar su adquisición, en ningún país donde se han implementado este tipo de impuesto se ha logrado disminuir los indicadores en obesidad o enfermedades no transmisibles”, resalta la Andi.
A renglón seguido, el gremio trae el caso de México, país que en 2014 implementó el impuesto saludable con el objetivo de reducir los índices de las Enfermedades No Transmisibles (ENT), a partir de la disminución en el consumo de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico. Sin embargo, según su Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la prevalencia de la obesidad pasó de 72,5% en 2016 a 75,2% en 2018.
Lo anterior, para la Andi, evidencia que si bien cada país cuenta con unos retos en términos de salud pública, este impuesto no responde efectivamente a las necesidades de los consumidores, puesto que no se incentiva el cambio hacia estilos de vida saludables.
Por el contrario, esta medida va en contra de las clases menos favorecidas, al contemplar una política fiscal que afecta la cadena productiva e impacta la productividad del país. Esta situación resulta contraria a las prioridades del nuevo gobierno frente a la promoción de la equidad y la seguridad alimentaria.
“Como industria de alimentos consideramos que esta medida afecta profundamente al consumidor, dado que este tendrá que pagar por sus alimentos un valor mucho más alto con afectación directa sobre su economía; también afecta a los tenderos cuya mayor parte de los ingresos viene de la venta de productos gravados con este impuesto; y también perjudica a los productores agrícolas, especialmente campesinos que producen las materias primas. Para todos ellos, los impuestos saludables suponen un impacto económico monumental” explicó Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi.
Además, el gremio señala que, con estas medidas la dinámica de adquisición y consumo de alimentos en Colombia tendrá cambios. Y se remiten a una simulación preliminar realizada por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana la cual indica que los hogares de menores niveles de ingresos verían un impacto del 4,67% como consecuencia de los impuestos a los alimentos y bebidas.
Es decir, las familias más vulnerables del país, que dedican una mayor parte de su presupuesto a la compra de alimentos, se verían considerablemente afectadas con el incremento en los precios de los productos.
Así mismo, el efecto de la Reforma Tributaria, como está planteada actualmente, -dice la Andi-, también repercute en el comercio, particularmente en las tiendas de barrio, de allí la alerta y manifestaciones de protesta de muchos de sus propietarios. Estos establecimientos generan cerca de 1,8 millones de empleos, según la Federción Nacional de Comerciantes (Fenalco), el 90% de las tiendas en Colombia, que son 450.000, están en estratos 1, 2, 3 y 4 y, en estas, el 70% de los productos que venden son los que va a ser impactados.
Se pone en riesgo la viabilidad de estos comercios y podrían desaparecer cerca de 250.000 tiendas. Así mismo, se generaría una gran afectación en los restaurantes del país que usan estos alimentos como materias primas.
Finalmente, fuentes como la firma de investigaciones Raddart concluyen que los impuestos saludables sumarían hasta un 2% a la inflación de los hogares. Cabe indicar que además de impactar a la industria de alimentos, este impuesto afectará a los campesinos que producen materias primas como leche, carne, cacao, papa, plátano, cebolla, tomate y frutas, que se emplean en las formulaciones industriales indicadas en el impuesto saludable a los “ultraprocesados”.
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