Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano (APMC) advirtió de las recurrentes afectaciones a los recursos naturales no renovables del país, sin que haya una adecuada intervención estatal en defensa de la institucionalidad y del patrimonio de los colombianos.
“No solo se han afectado con procesos invasivos, las tierras dedicadas a la agricultura y la ganadería, sino también en la minería formal, que sufre un fenómeno similar sin la debida protección del Gobierno hacia el empresariado colombiano, que es la parte más vulnerable en este contexto”, señaló la Asociación en su misiva.
De acuerdo con los representantes de APMC, empresas como Zijin Continental Gold en Buriticá, Antioquia, han visto más del 50% de su desarrollo minero subterráneo afectado por la informalidad y la ilegalidad, a través de procesos de invasión, sin amparos gubernamentales adecuados que protejan a la empresa, lo que generan incertidumbre en todo el sector minero colombiano.
“En nuestra Asociación, hemos cuestionado la legitimidad de las medidas cautelares solicitadas por quienes invaden zonas mineras, instrumentalizando la justicia y evadiendo la ley minera, usurpando competencias establecidas por el marco Constitucional y Minero
Ambiental. Con gran preocupación vemos que las medidas cautelares a favor de invasores se han tomado basándose en normas que actualmente están por fuera del ordenamiento jurídico por vigencia”, anotó la APMC.
El Comité Jurídico Nacional y el Técnico Minero Ambiental de la Asociación consideran inapropiada la conciliación en casos de invasión o acuerdos sobre zonas invadidas. “Por el contrario, el Estado y las empresas cuentan con programas de formalización desde y anteriores al Código Minero Colombiano de 2001, que deben aplicarse efectivamente. Hemos advertido en los dos gobiernos anteriores y en el actual, cómo la extracción informal de minerales ha crecido en nuestro territorio, afectando la riqueza y el patrimonio nacional”, se añadió.
También se cuestionó el hecho de que las instituciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial han socavado los principios constitucionales, reconociendo derechos ajenos a la institucionalidad y la gobernanza. “La falta de control estatal y la ausencia de principios de coordinación, colaboración y articulación institucional afectan el sector minero. Hacemos un llamado de atención por la pérdida de nuestro patrimonio y el daño a la minería formal en Colombia. El sector minero colombiano está en riesgo, con un crecimiento de la informalidad superior al 70% antes no visto. La instrumentalización de las comunidades por grupos políticos y otros actores al margen de la ley, que, generando falsas expectativas, afecta el normal funcionamiento de las empresas mineras y fomentan la extracción informal de los recursos minerales que son propiedad de los colombianos”.
La APMC insistió en que, a diferencia de la minería formal, las extracciones informales no aportan regalías ni beneficios, sino que contribuyen a la pobreza, desempleo, desigualdad, depredación ambiental y falta de desarrollo en infraestructuras municipales y departamentales. “Desde nuestra experiencia, vemos cómo los amparos administrativos en protección de la minería formal, no se cumplen por falta de lineamientos claros por parte del Gobierno. Consideramos que el principio de conciliación no es legalmente aplicable en casos donde la invasión es el bien jurídico a proteger, una práctica en aumento en Colombia. El principio de conciliación, referente a la resolución de conflictos mediante acuerdos mutuos, generalmente no se aplica en casos de invasión debido a la gravedad del delito, la protección de bienes jurídicos fundamentales, el interés público involucrado y la necesidad de mantener el orden y la justicia social”.
En ese contexto, vale anotar, por ejemplo, que Cerrejón contabiliza este año 217 bloqueos a su operación. “Los bloqueos, que en muchas ocasiones no están relacionados con la empresa, impactan la operación, el traslado de insumos esenciales para la operación minera, el transporte de carbón a Puerto Bolívar y la entrega de agua potable a las 163 comunidades vecinas que se benefician con la iniciativa del Tren del Agua”, destacó esta semana la compañía minera.
