Mientras el Consejo de Estado resuelve las demandas en contra de la privatización del 57,61 por ciento de la Nación en Isagén, al Gobierno se le agota el tiempo y el próximo 24 de septiembre, en solo 51 días, se cumple la fecha límite que autorizó el Decreto 1512 del 12 de agosto de 2014 para prorrogar la “vigencia del programa de enajenación” de acciones en la generadora. Superado ese término, debería reiniciar el proceso con otro decreto.
Así corre el tiempo a favor de quienes se oponen a la venta, suspendida por medida cautelar desde el 14 de mayo pasado. Y también corre en contra de los planes del gobierno de Juan Manuel Santos para hacerse a no menos de 5,5 billones de pesos que ayuden a financiar a los concesionarios de vías 4G mediante la Financiera de Desarrollo Nacional (FND).
Entre tanto, ayer se realizó la última audiencia pública que tendrá la novela jurídica en torno a la venta demandada con argumentos de que lesiona el patrimonio público e inconsistencias en su procedimiento.
Fue convocada por el magistrado ponente del Consejo de Estado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, quien de entrada aclaró que no había sentencia en la cita y se limitó a cerrar el proceso de entrega de pruebas.
Del lado de los demandantes, que por distintos motivos buscan frenar la venta, está la Red de Justicia Tributaria (RJT), el sindicato Sintraisagén y el colectivo Dueños de Isagén. En la otra orilla el equipo jurídico del Ministerio de Hacienda.
Bastidas dio 10 días hábiles a las partes para presentar por escrito los alegatos finales. Después de ese término, que se cumple el 19 de agosto, el magistrado dijo que espera poder cumplir con el término de 30 días hábiles para pronunciarse, también por escrito. Tal plazo lo dispone el Código Contencioso Administrativo y vence el 30 de septiembre.
Así las cosas, la premura del Gobierno para cumplir el proceso explicaría la solicitud al Consejo de Estado, la semana pasada, para ajustar la medida cautelar y no contabilizar el tiempo de suspensión: si se pierde la vigencia del decreto, debe reiniciar la venta.
“Ante ese recurso, presentamos un memorial al Consejo de Estado oponiéndonos, porque es improcedente dentro de los términos legales”, explicó a este diario Rodrigo Toro Escobar, mandatario de Dueños de Isagén.
Desde la RJT manifestaron preocupación por rumores de un supuesto cabildeo del Gobierno para dar celeridad a una decisión del Consejo de Estado: “encontramos garantías en el magistrado ponente y ha actuado bajo todo principio legal, mal haría el alto tribunal en dejarse presionar en el estudio de un tema complejo y sensible para el país”, concluyó Mario Alejandro Valencia, vocero de la RJT .
