El paro nacional arrocero no se levantará mientras el Gobierno Nacional no instale una “mesa de negociación con garantías, capacidad de decisión y voluntad política real”, así lo aseguró el Comité Nacional de Paro Arrocero, tras calificar los intentos de negociaciones como “improvisados y negligentes”.
Pese a haber sostenido 28 reuniones previas con distintas entidades gubernamentales, los representantes del sector afirman que los recientes hechos demuestran la falta de seriedad con la que el Ejecutivo aborda la crisis de miles de productores.
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El punto de quiebre se dio este jueves, en una reunión convocada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a la cual asistieron delegaciones de los 10 departamentos arroceros del país, incluyendo líderes de regiones como La Mojana. La expectativa era contar con la presencia de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, tal como se había anunciado.
Sin embargo, según denuncian los voceros del paro, la ministra condicionó su participación al levantamiento de la protesta, lo que fue interpretado como una falta de respeto hacia los manifestantes y una deslegitimación del derecho a la protesta social.
Ante esta postura, el Comité decidió retirarse de la mesa, argumentando la inexistencia de compromisos concretos y un trato institucional “despectivo e irrespetuoso”.
Impacto económico del paro arrocero
La situación del sector arrocero es crítica. De acuerdo con las cifras presentadas por los líderes gremiales, se reportan pérdidas por hectárea de entre $1,5 y $2,2 millones, mientras que el precio pagado al productor ha caído de $235.000 a $170.000 por carga (125 kg).
Solo en el primer semestre de 2025, las pérdidas ascienden a $297.000 millones, y se proyecta que superen los $772.000 millones en el segundo semestre.
Además, advierten que más de 400.000 empleos rurales están en riesgo, junto con la viabilidad de miles de pequeños y medianos productores en distintas regiones del país.
Medidas del Gobierno no convencen al gremio arrocero
Aunque el Gobierno anunció recientemente una resolución para fijar un precio mínimo de compra, los arroceros consideran que esta medida es insuficiente y tardía. Aseguran que tomará al menos un mes para su entrada en vigencia, no define parámetros de calidad (como humedad e impurezas) y deja en desventaja a los agricultores frente al poder de negociación de los molinos.
También cuestionan las condiciones de pago contempladas en el nuevo esquema: un anticipo que se redujo del 25% al 15%, y un saldo restante que se cancelaría entre 45 y 50 días después, afectando gravemente la liquidez de los productores.
Exigencias y preguntas al Gobierno
El Comité Nacional de Paro responsabilizó al Gobierno Nacional, a la ministra de Agricultura y al Estado colombiano por las consecuencias que esta crisis pueda desencadenar en el campo colombiano.
Entre sus principales exigencias está la instalación inmediata de una mesa de diálogo con poder real de decisión, así como medidas urgentes para garantizar condiciones dignas de producción y comercialización.
A su vez, elevaron tres preguntas puntuales al Ejecutivo:
¿Qué ha hecho por la competitividad del campo colombiano?
¿Qué alternativas ofrece a los miles de familias que dependen del cultivo de arroz?
¿Cuál es su estrategia frente a la inminente pérdida de empleos y la quiebra del sector arrocero en 2025?
“El paro continúa. No nos levantaremos hasta que haya acuerdos concretos y verdadera voluntad política del Gobierno del Cambio”, concluyó el Comité.
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