En momentos en los que el debate sobre la reforma pensional tiene una serie de propuestas en la mesa para la discusión, el punto de convergencia, independiente del sector que la plantee, es que el país requiere con urgencia un esquema de protección a la vejez exitoso, incluyente, equitativo y sostenible.
En el informe de Trabajo Decente, presentado ayer por la Escuela Nacional Sindical (ENS), se indicó que en Colombia, en 2017, solo el 38,6 % de los trabajadores cotizaba activamente al sistema pensional.
A su turno, el 22 % de los trabajadores por cuenta propia o independientes figuran como afiliados, aunque los datos de la Superintendencia Financiera no dan cuenta de cuántos son cotizantes activos, por lo que no se conoce su grado de fidelidad al sistema (ver gráfico).
Alberto Orgulloso, director de la ENS, añadió que de cada cien adultos mayores (personas de 60 a 64 años o más), apenas 34 están pensionados, los demás, si no cuentan con una renta para vivir, tienen que sobrevivir de la solidaridad de la familia, del programa Colombia Mayor o en la indigencia.
“Esta situación de exclusión se da porque el sistema está diseñado para que solo se pensionen trabajadores del sector formal de la economía, con alta estabilidad laboral, altos niveles educativos y que trabajan en zonas urbanas. Los demás no tienen expectativas ciertas ni posibilidades de alcanzar el derecho a la pensión”, dijo (ver Opinión).
En ese mismo sentido, en diálogo reciente con EL COLOMBIANO el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Santiago Montenegro, expresó que el ordenamiento legal y reglamentario en el país está diseñado para la gente formal y deja por fuera a la gran mayoría de los trabajadores y sus familias.
Para Orgulloso el reto de la política pública es modificar de manera estructural el sistema pensional, de modo que se asegure a toda persona adulta mayor, independiente de su condición socioeconómica y de si ha cotizado o no al sistema, un ingreso mínimo vital de ciudadanía, que podría ser equivalente a menos de medio salario mínimo.
También propuso dos pisos o niveles más de protección: uno para los trabajadores que tengan ingresos laborales entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales, quienes obligatoriamente deberían afiliarse al régimen de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones, y un tercer pilar como un sistema complementario para quienes tengan ingresos superiores a cinco salarios mínimos que deje en libertad al trabajador para que ahorre.
Carolina Montoya, especialista en Derecho del Trabajo, criticó que algunas iniciativas apunten a eliminar el piso pensional del salario mínimo, de manera que el sistema solo reconozca el porcentaje que el fondo de pensiones aplique para otorgar la jubilación.
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