Se dice que no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza y en materia tributaria esto sí que aplica con rigurosidad. Y es que el mes pasado, durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el ministro de Hacienda, Germán Ávila, mencionó que a finales de julio se llevaría al Congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria, con una meta de recaudo de $19 billones.
Los últimos días de julio están corriendo por lo que la expectativa es creciente en el país sobre cuál será el texto que se tramitará, y sobre el que, tanto Ejecutivo como el Legislativo, ya han dado puntadas.
Es así como el presidente Gustavo Petro ha anticipado en la red social X que la nueva ley de financiamiento le bajará impuestos a las empresas y a la clase media y los subirá a los “megarricos”.
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Pero, ¿quiénes son los megarricos o superricos? Una pista de esa categoría la dio el propio Petro al señalar que se trata del 0,01% de la población colombiana. En ese contexto, de 52,6 millones de colombianos que tiene el país según el Dane, sobre unos 5.260 recaería las futuras obligaciones contributivas.
El número está en línea con lo que argumentaba en 2022 durante la campaña presidencial, el entonces candidato Petro, quien insistía en una reforma que se le aplacaría a “las 4.000 más grandes fortunas de Colombia”.
Sobre la iniciativa que se deberá conocer esta semana, el mandatario ya hizo una advertencia: “Si de nuevo el Congreso hunde la reforma tributaria, condenará las finanzas públicas a la muerte, en los próximos 5 años”.
Reforma en año electoral
Uno de los elementos que genera dudas sobre la aprobación del Pacto Fiscal Nacional, como denomina el Ministerio de Hacienda a la reforma tributaria, es que se presentará en momentos en que los congresistas se preparan para los comicios legislativos de marzo de 2026.
En ese sentido, desde la presidencia de la Comisión Tercera del Senado, el senador Jairo Castellanos, de En Marcha, planteó sus reparos.
“Este pueblo no aguanta más, la realidad social del país no tolera que le sigan metiendo la mano al bolsillo”, aseveró el senador, quien fue aún más allá al declarar que la reforma tributaria que anuncie el Gobierno será estudiada y “le daremos cristiana sepultura”.
En contraste, ocho representantes a la Cámara del Partido de la U, Liberal, Alianza Verde, Conservador y Pacto Histórico radicaron una iniciativa de “Reactivación Económica” en el que se contemplan algunas exenciones al IVA, alivios en la renta, y otras medidas con la que se pretenden recaudar unos $19 billones.
El proyecto que “competirá” con el que presente el MinHacienda propone en materia de renta, la reducción de la tarifa general del impuesto de renta a 30% y habría una tasa mínima de tributación de 20% sobre la utilidad depurada.
En la mira
El mes pasado, el viceministro General de la cartera de Hacienda, Carlos Betancourt, comentó que actualmente hay $89 billones de exenciones por concepto de IVA, por lo que es necesario revisar ese aspecto.
“Ahí existen unas posibilidades de recaudo serias, y es hora de asumir eso, sin que se tenga que afectar la estructura de tasas ni la base gravable. En renta también tenemos 1,3 puntos del PIB en exenciones que equivalen a $22 billones para personas jurídicas y otros $26 billones para personas naturales, lo que significa que existe potencial de disminuir esas exenciones”, anotó Betancourt.
A su turno, desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana se explicó que a pesar de que en 2023 el recaudo tributario alcanzó el 16% del PIB, el nivel más alto en la última década, casi la mitad de ese monto (49%) se perdió a través de gastos tributarios, es decir, recursos que el Estado dejó de percibir por beneficios como exenciones, deducciones y tratamientos preferenciales.
Esto significa que por cada $100 que el Estado recauda, deja de recibir casi $50 por decisiones de política fiscal. Este desbalance limita seriamente la capacidad del Estado para financiar servicios públicos, invertir en infraestructura o reducir el déficit fiscal.
“La crisis fiscal exige decisiones responsables: eliminar los beneficios que no están justificados técnicamente y garantizar mayor transparencia sobre su impacto”, enfatizó el Observatorio.
Mal mensaje
De otro lado, Mauricio Marín Elizalde, experto en estructuración patrimonial y protección de inversiones, sostuvo que esta nueva versión de la reforma tributaria no solo agrava la carga fiscal de las familias y empresarios, sino que podría provocar una fuga de capital, un congelamiento de inversiones y un clima de incertidumbre jurídica sin precedentes.
“Estamos ante un proyecto que no está siendo discutido con transparencia y que podría tener efectos devastadores sobre el ahorro, la inversión y la estabilidad patrimonial de millones de colombianos”, anotó.
Marín insistió en que este tipo de señales alejan inversionistas, deterioran la confianza empresarial y dejan en situación vulnerable a familias que llevan años organizando su patrimonio conforme a la ley.
“Detrás de un discurso ambiental, se esconde un esquema tributario que grava la herencia, la inversión privada, los dividendos, el ahorro internacional y el capital”, dijo.
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