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No hay duda de lo importante de las políticas públicas para el campo colombiano con miras al desarrollo del país y avanzar hacia una democracia generadora de bienestar para todos los(as) campesinas y por efecto derivado de todos los colombianos. Por ello es necesario recordar las importantes luchas agrarias de los campesinos colombianos. Y es importante revisar el primer punto del Acuerdo de La Habana (2016) entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, porque en realidad lo que se ha hecho después del Acuerdo, ha sido un esfuerzo, por implementar dicho punto, aun incompleto, pese al extraordinario esfuerzo en esa dirección de las dos ministras de agricultura y sus equipos de este gobierno.
Recordemos que en los considerandos de este Acuerdo se señala: “Que la Reforma Rural Integral concibe el territorio rural como un escenario sociohistórico con diversidad social y cultural, en el que las comunidades -hombres y mujeres- desempeñan un papel protagónico en la definición del mejoramiento de sus condiciones de vida y en la definición del desarrollo del país dentro de una visión de integración urbano-rural... La Reforma Rural Integral debe lograr la gran transformación de la realidad rural colombiana, que integre las regiones, erradique la pobreza, promueva la igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía y como consecuencia garantice la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia...”
Para materializar lo anterior el Acuerdo plantea la creación del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral para democratizar el acceso a la tierra de los campesinos y en especial de las campesinas sin tierras o con tierras insuficientes. “El Fondo de Tierras, que tiene un carácter permanente, dispondrá de tres millones de hectáreas durante sus primeros doce años de creación, las que provendrán de las siguientes fuentes: tierras provenientes de extinción judicial de dominio a favor de la Nación... recuperadas a favor de la Nación... provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la Reserva Forestal... inexplotadas... adquiridas o expropiadas por motivos de interés social... donadas... subsidio integral... crédito especial para compra...”
Pero el Acuerdo no se limita a la entrega de tierras a los campesinos por las distintas vías contempladas, sino que le da gran importancia a estimular la producción agropecuaria y en ese sentido se consideró que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) deberían jugar un papel estratégico, estimulando “el bienestar y el buen vivir de la población en zonas rurales... haciendo efectivos sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales...” No se trata solamente de entregar la tierra a los(as) campesinas, que ya es algo muy importante, sino contribuir a que las mismas se conviertan en productivas.
Y esto, en los tiempos actuales adquiere cada vez más una importancia estratégica; la agricultura está incrementando su relevancia como factor económico y geopolítico, no sólo por lo indispensable que es abastecer el mercado nacional, sino por las posibilidades y expectativas de exportación en un mundo donde la producción de alimentos cada vez se convierte en un elemento de alta importancia estratégica y donde un país como el nuestro puede empezar y/o continuar jugando un rol fundamental. Este tema debe seguir siendo prioritario en el siguiente gobierno.
