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Imaginemos a Andrés, un soldado profesional retirado que fue detenido por el Ejército Ucraniano. Su familia no sabe nada de él. La última noticia que tuvieron fue que había sido llevado a un centro penitenciario en Kiev, pero no saben cuál, ni el delito del que es acusado o a qué pena se enfrenta. Nadie le comunicó al Consulado colombiano para que prestara asistencia ni se le brindó traducción. Colombia no reclamó por ello.
Mientras este caso se repite con frecuencia, la Cámara de Representantes continúa sin discutir el último debate del Proyecto de Ley que ratifica la Convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios.
Este es el único tratado global que establece mecanismos de cooperación internacional entre los Estados para la prevención, el enjuiciamiento y el castigo de los delitos cometidos por mercenarios, es decir, por aquellos soldados sin Ejército que combaten en guerras ajenas con el único interés de una retribución personal y económica.
Colombia no es un “país más” en esta discusión. Basta escribir “mercenarios” en Google para que las noticias sobre colombianos en Ucrania o Sudán inunden la pantalla. El magnicidio del presidente de Haití en 2021 es otro lamentable ejemplo. Aunque no existe un registro oficial de cuantos mercenarios colombianos han participado en estos conflictos, lo cierto es que las cifras pueden llegar a los miles.
Pese a que los Ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores radicaron el texto hace más de un año, el debate sigue estancado. Ni siquiera el mensaje de urgencia que el Presidente presentó en agosto ha logrado moverlo. Seis meses lleva sin ser discutido el último debate para que este Proyecto pase a sanción presidencial y a su posterior control constitucional.
La demora injustificada del Congreso tiene altísimos costos. El primero es humano. Hoy, si Andrés es capturado y la República de Colombia hubiese ratificado la Convención, el Estado estaría obligado (art. 10) no solo a proteger sus derechos sino a visitarlo formalmente y emprender todas las acciones para que incluso, pueda cumplir su pena en el país.
El segundo costo es la imagen internacional de Colombia. Sudán ya ha elevado alertas ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por crímenes contra civiles, desplazamientos y otros delitos que habrían cometido mercenarios colombianos. Ratificar la Convención es un mensaje claro de compromiso con medidas concretas para evitar que este fenómeno siga impune.
Finalmente, hay un costo en seguridad. Ratificar la Convención obliga al Estado a adoptar medidas para prohibir y perseguir a las redes criminales que hoy reclutan a nuestros jóvenes. Además, corremos el riesgo de que los colombianos, al terminar sus ‘servicios’ y regresar, usen ese entrenamiento en prácticas criminales nuevas, como el uso de drones para atacar a la Fuerza Pública y población civil.
El Congreso está a un debate de saldar la deuda de Colombia con el mundo. La elección es simple: Colombia sigue siendo vista internacionalmente como un semillero de violencia sin control, permitiendo que redes criminales de mercenarios operen con impunidad, o asume con seriedad un problema que ya está afectando su seguridad interna. Cada día de espera es un voto por la primera opción.
*Secretaria Gabinete Ministerio de Defensa Nacional
