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Colombia atraviesa una de las coyunturas fiscales más delicadas de su historia reciente. Según un informe del Banco de Bogotá, publicado el 29 de mayo, el país podría cerrar el año 2025 con un déficit fiscal del 7,8 % del PIB. Esto equivale a un desbalance de más de $138 billones, una cifra sin precedentes fuera del contexto de pandemia. Las razones de esta situación son claras: una caída de $27 billones en los ingresos frente a lo presupuestado, sumada a un aumento del gasto de $21 billones por encima del plan financiero.
En este contexto, el Gobierno ha optado por un camino preocupante: recorta proyectos de inversión que impulsan el desarrollo regional, pero no presenta un verdadero plan de austeridad en burocracia ni una estrategia de eficiencia en el gasto. En lugar de ajustar el aparato estatal, se mantiene una estructura sobredimensionada, con múltiples entidades creadas sin evaluación de impacto ni sostenibilidad, y con una nómina creciente.
Tampoco hay voluntad de construir acuerdos programáticos serios con el Congreso que permitan una reforma estructural del sistema tributario o un replanteamiento del modelo de gasto público. Por el contrario, el Gobierno replica las prácticas tradicionales: una relación transaccional con el legislativo basada en cuotas y favores.
En materia de recaudo, el panorama es aún más preocupante. No solo se están recogiendo menos impuestos de los proyectados, sino que las empresas que tradicionalmente sostienen una parte importante del presupuesto general, como Ecopetrol, están presentando indicadores financieros en deterioro. Sus utilidades caen, su producción se estanca, y sus ingresos, en muchos casos, no compensan las cargas impuestas ni las incertidumbres derivadas de una política energética errática.
En este marco, el Gobierno expidió el Decreto 0572, una medida que busca adelantar el recaudo de impuestos de 2026 para tapar el hueco de 2025. Lo hace a través de aumentos en las tasas de retención en la fuente y autorretención, así como con una modificación del cálculo del anticipo del impuesto sobre la renta. Es decir, el Estado no sube el impuesto, pero sí obliga a los contribuyentes a anticiparlo. Un préstamo forzado del sector productivo al gobierno.
Este decreto no es una solución estructural, ni siquiera una estrategia de corto plazo sensata. Es una maniobra de desespero. Lejos de resolver la crisis fiscal, profundiza la desconfianza de quienes invierten, producen y generan empleo. Porque ningún empresario serio puede planear a largo plazo en un entorno donde el gobierno, en lugar de crear condiciones de estabilidad y apoyo, decide exprimir a quienes aún sostienen la economía formal.
Las señales son claras: un Estado sin caja, sin estrategia de contención del gasto, sin acuerdos políticos creíbles, sin rumbo tributario, y cada vez más desconectado de las necesidades del aparato productivo. Colombia no saldrá de esta crisis castigando al que produce, sino recuperando la confianza, priorizando el gasto y construyendo reglas claras y concertadas.
Lo contrario —seguir improvisando— solo nos aleja más de una salida viable y nos empuja a una crisis de confianza con costos que pagaremos todos, pero especialmente las regiones que hoy ven frenadas sus oportunidades de desarrollo.
