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Cuando una persona es privada de su libertad, automáticamente se le cercenan sus derechos más preciados.
Una persona que pierde su libertad, pierde su dignidad, su libre desarrollo de la personalidad, su libertad de expresión, su derecho a tener una familia y a estar cerca de ella, se le impide ejercer su oficio o profesión; una persona privada de su libertad lo pierde todo, se le anula su capacidad de sentir, como lo hicieron en Venezuela con los ciudadanos que pensaron distinto a una dictadura o que defendieron a las comunidades más vulnerables.
El pasado 14 de agosto el Gobierno Venezolano anunció la excarcelación de 130 presos políticos, y si bien el jefe del Parlamento aseguró que se trató de una decisión autónoma para traer paz al territorio, esta decisión tiene incidencia de la llamada “transición” impulsada por Estados Unidos luego de la captura de Maduro.
Si bien la presión internacional de Marco Rubio ha traído resultados positivos para el país vecino, no se puede desconocer que las ONGs como Foro Penal y activistas dedicados a la defensa de los derechos humanos han sido la columna vertebral de esta lucha. Han sido quienes, asumiendo riesgos personales, han documentado con precisión rigurosa las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas prolongadas, la denegación del derecho a la defensa y los tratos crueles e inhumanos infligidos en los centros de reclusión. Este trabajo no ha sido solo del gobierno de EE.UU.: el de los activistas ha evitado que los abusos queden en la impunidad y ha visibilizado a nivel mundial la violación de derechos humanos y el autoritarismo en Venezuela.
Una voz crítica ha sido la de Sairam Rivas, activista venezolana de derechos humanos y esposa del preso político Jesús Armas, quien ha vivido el impacto humano de la represión venezolana. Su testimonio se transformó en resistencia civil, convirtiéndola en miembro destacada del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela. Rivas ha acompañado a madres, hijas y esposas a las afueras de centros de reclusión como El Helicoide o Rodeo I, y directamente a la Defensoría del Pueblo para exigir respuestas y justicia.
Frente a las liberaciones parciales de presos políticos, o con medidas cautelares restrictivas, las ONGs que conocen los datos reales discrepan de las cifras que el gobierno exhibe como triunfo burocrático y denuncian la falta de transparencia del Estado venezolano, porque saben que aún hay cientos de detenidos por razones políticas (entre 250 y 300).
El mensaje al Gobierno Venezolano debe ser claro y contundente: no se puede seguir jugando con el dolor de las familias venezolanas. El avance hacia la paz, la reconciliación y la reconstrucción institucional no se mide en libertades condicionales de presos políticos; se mide en el restablecimiento pleno de la dignidad. Mientras persistan cientos de personas tras las rejas por motivos políticos, y las excarcelaciones no supongan una libertad absoluta e incondicional, la anulación de procesos viciados y la garantía de no repetición, la herida social seguirá abierta.
Es inaceptable que un Gobierno que proclama la justicia social, continúe violando los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Nada le devuelve la salud deteriorada a un líder social, ni los años arrebatados a una madre lejos de sus hijos.
