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A finales de cada año se da la discusión sobre el aumento del salario mínimo. Los trabajadores con empleos formales aspiran a incrementos superiores a la inflación, mientras que sus empleadores aspiran a controlar el costo de la mano de obra para que sus productos no pierdan competitividad.
Si la industria es exportadora, el tema es doblemente gravoso, pues el mínimo atisbo de revaluación (como está sucediendo ahora) saca una industria del mercado, por lo que debe trabajar con costos que compitan con economías en las que la mano de obra es muy barata y los trabajadores no tiene ningún derecho, como Bangladesh o la China.
El tira y afloje se centra en que el incremento no puede exceder el aumento en productividad durante el año anterior. No se toca, sin embargo, el tema central de lo que se necesita para incrementar la productividad, que es la adopción de tecnología que haga que cada hora de ese trabajador rinda más: la inversión en maquinaria, equipo y propiedad intelectual. La máquina que digitaliza el corte de madera o de tela, la cortadora de caña, el tractor que programa su recorrido con un satélite, o el robot que ensambla electrodomésticos.
Colombia no tiene un plan para incentivar la inversión en bienes de capital.
El Estado puede estimular una actividad económica de dos maneras distintas: puede subsidiar una actividad, dándole crédito más barato, o directamente inyectándole plata a una industria en particular, o puede cobrar menos impuestos o simplemente no cobrar impuestos. La diferencia radica en que la exención de impuestos se puede hacer de manera más general, sin nombre propio, y sin intermediarios que caigan en la tentación de cobrar un peaje. No hace falta “conocer a alguien”.
El estímulo que implica una exención de impuestos no está en duda. El sector hotelero gozó de dos grandes exenciones tributarias: una exención al impuesto de renta por 30 años para nuevos hoteles construidos o remodelados entre 2003 y 2017, y una exención transitoria del IVA para servicios de hotelería y turismo entre octubre de 2020 y diciembre de 2022, y el resultado se ve en todo el país.
El sector de la construcción de Vivienda de Interés Social (VIS) ha gozado de la exención del impuesto de renta desde el año 2000, si bien el gobierno Petro fijó topes con la ley 2277 de 2022. La construcción de VIS fue por años un proceso exitoso hasta su boicot por la siniestra.
La lógica de la exención de impuestos es precisamente la misma por la cual, con el objeto de desincentivar su venta, se les ponen impuestos adicionales a los cigarrillos, el alcohol, o ciertos tipos de comida: los impuestos entorpecen la actividad económica.
Convendría por lo tanto, en interés de un incremento en la productividad laboral del país, y por ende en una mejoría de los ingresos de los trabajadores formales, eliminar todo tipo de impuestos y aranceles a los bienes de capital.
