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Petro deja una crisis sin precedentes en el sector eléctrico: sin transición ni seguridad energética, proyectos atrasados, déficit de energía firme, dependencia de gas importado mucho más costoso y un sistema que entra al fenómeno del Niño con los pantalones abajo. Y sin respaldo: el gas natural y los combustibles líquidos son el 21% de la capacidad instalada de generación eléctrica y ocurre que estamos importando uno y otros. En resumen: Petro nos dejó ad portas de un apagón.
La energía que debía entrar al sistema no ha entrado. En el 2026 ha entrado solo el 14,9% de la energía que se espera y ya pasamos la mitad del año. Y el 60% de 42 proyectos de transmisión está atrasado. Ni nueva energía ni líneas para transmitirla.
El resultado para la inversión fue fatal. Empresas como EDP y Statkraft desistieron de los proyectos o se fueron del país. Empresas que salieron, proyectos varados y megavatios que nunca llegaron. Lo hicieron por falta de confianza, por aumento de las cargas impositivas, por cambios en las reglas de juego y por intentos de meterle la mano ilegalmente a un sector que había demostrado que funcionaba.
Petro gobernó el sector como si la Presidencia pudiera reemplazar a la CREG y al Congreso. Hizo intervenciones con pésimos resultados. El caso de Aire retrata el desastre. Bajo control del Estado, la deuda de la empresa con el mercado pasó de 530.000 millones al momento de la intervención, en septiembre de 2024, a cerca de 2,7 billones en junio de 2026: casi cinco veces más en 18 meses.
Entrega un sector en déficit. Según XM, falta hoy un 3,5% de energía (con un apagón que ya parece inevitable) que empeora el próximo año a un 6% de faltante (5.468 GWh/año). Por el lado del gas el respaldo tampoco está: durante 2025 el país importó en promedio 170 GBTUD, y los proyectos costa afuera que podrían reemplazar esas importaciones no entran en producción antes de 2029-2030.
Cambió seguridad energética por discursos ideológicos sin sentido de realidad. En junio de 2026, el gas importado ya era el 32% de la oferta total del país y las reservas probadas, según la ANH, alcanzan solo para 5,9 años. Se redujeron 39% entre 2022 y 2025: por cada 10 pies cúbicos que producimos, apenas incorporamos 3 nuevos.
Lo que ha pasado en Ecopetrol es inconcebible y tiene como responsables a Petro y a Roa. La utilidad bajó de $33,4 billones en 2022 a $9 billones en 2025, una caída del 73%, mientras que el precio del Brent solo bajó 31%. El EBITDA pasó de 75,2 billones a 46,6 billones, el endeudamiento subió de 1,5 a 2,3 veces EBITDA y la vida media de sus reservas se redujo de 8,4 a 7,8 años.
Para peor, Ecopetrol concentra el 61,4% de la producción nacional de gas, es el principal proveedor de combustibles refinados (con cargas promedio de 417 mil barriles diarios en 2025 y un récord de 430 mil en el último trimestre), y controla infraestructura crítica de transporte y logística. Su desgobierno compromete directamente la seguridad energética del país.
En ese contexto, la nueva Ministra de Minas y Energía tiene una misión titánica: evitar un apagón que pareciera haber sido el propósito del gobierno saliente, trabajar con los ministros de Medio Ambiente e Interior para evitar bloqueos, ayudar a que los proyectos atrasados entren a operar y resolver los cuellos de botella de las consultas previas y las licencias ambientales, motivar que la ciudadanía consuma energía de manera responsable, incentivar el desarrollo de nuevos proyectos de todas las tecnologías. Y hay que decirlo con claridad: nada de esto es inmediato. Cada proyecto de hidrocarburos toma en promedio 6 años desde la firma del contrato hasta la producción comercial. Lo que no se firmó en estos 4 años, ya tiene costo.
